Millones de personas tendrán que afrontar, una vez más, la llegada de las bajas temperaturas sin apenas recursos para poder hacer frente al pago de las facturas a fin de mes. El nuevo abono social eléctrico aprobado por el Ejecutivo que prevé ayudar a los solicitantes enmarcados dentro de la figura de vulnerabilidad según sus ingresos, no paliará en su totalidad la grave situación de miles de hogares.
Las previsiones meteorológicas de la Aemet auguran un otoño cálido previo a un invierno menos duro que en años anteriores. Sin embargo, este hecho no evitará que en determinadas zonas del país el frío azote con crudeza y las familias más vulnerables se vean abocadas a sufrir las consecuencias de no poder pagar las facturas. La muerte de una anciana el pasado año en Reus prendió la polémica en la sociedad debido a que la señora utilizaba velas para poder iluminar su vivienda tras el corte de luz por impago llevado a cabo por Gas Natural, lo que provocó el incendio de su vivienda y el posterior fallecimiento. La situación se agravó debido a que la citada compañía eléctrica no consultó a los servicios sociales.
Un problema social que no queda atajado
El mismo Gobierno de Mariano Rajoy ha admitido en el decreto del nuevo bono social eléctrico que las medidas que ha puesto en marcha no paliarán la situación de pobreza de cerca de 4,5 millones de ciudadanos y ciudadanas. El Ejecutivo calcula que menos de la mitad de los hogares -el 45%- que tienen la posibilidad de acogerse a este plan lo solicitarán. Varias asociaciones y agentes sociales critican duramente al Gobierno debido a la complejidad burocrática existente para solicitar dichas ayudas sociales en un informe recogido por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC).
El Ejecutivo asegura que no hay necesidad de ampliar este programa de ayudas para el pago de las facturas de la luz, sino de lograr que se aplique de manera eficaz entre sus beneficiarios. Asimismo, afirma que la nueva ley que ha entrado en vigor resulta "más que suficiente" para la cobertura de todas aquellas personas que se encuentran en riesgo de pobreza energética, pese a que admitiera en su decreto que no paliará la misma, una contradicción evidente.
Un bono social con lagunas
El nuevo paquete de medidas aprobado por el Gobierno llega tras ser tumbado por el Supremo el anterior modelo de financiación que obligaba a las compañías a asumir una factura de unos 200 millones anuales. En este bono se recoge la figura del consumidor vulnerable con un descuento del 25%; el vulnerable severo con un 40% y aquellos que estén en riesgo de exclusión y estén siendo atendidos por los servicios sociales podrán llegar al 50%. Asimismo, pensionistas con la retribución mínima y los portadores del carné de familia numerosa están incluidos en este programa.
Este real decreto considera consumidor vulnerable a aquellos que tengan una renta igual o inferior a 806 euros en 14 pagas. En caso de tener un hijo a su cargo, la cuantía asciende a un máximo de 1.074 euros y 1.343 si tiene dos. Esta limitación se incrementará si algún miembro del hogar tiene una discapacidad igual o superior al 33% o es víctima de violencia de género o terrorismo. La categoría de consumidor vulnerable severo será considerada cuando los ingresos del beneficiario no lleguen al 50% de los fijados al consumidor vulnerable.
Por otro lado, el nuevo bono social eleva de dos a cuatro meses el periodo de impago tras el cual las compañías podrán cortar el suministro eléctrico y elimina la concesión de ayudas a las segundas residencias, una anomalía que beneficiaba a cerca de 706.000 personas. La validez del mismo será de dos años si la condición socioeconómica del beneficiario no cambia y podrá solicitar su renovación hasta dos semanas antes. Las familias numerosas podrán ser beneficiarias todo el tiempo que tengan activo este carné y una de las novedades más importantes reside en la prohibición a las compañías de que corten el suministro a las personas en riesgo de exclusión social sin consultar con los agentes sociales.
Pese a que es un pequeño avance para que miles de hogares afronten el duro invierno y no vivan situaciones como la de la anciana fallecida de Reus, el decreto tiene varias deficiencias. Entre ellas se encuentra limitar el beneficio del paquete a tramos de consumo muy inferiores a los reales o penalizar a aquellos ciudadanos que vivan en zonas con un clima extremo. Asimismo, el coste de este nuevo sistema no lo asumirá el Estado, sino que será derivado a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. En el decreto el Ministerio de Energía aseguraba que "el coste total de las medidas no tiene impacto presupuestario".
El presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España, José Manuel Ramírez, ha asegurado que "las eléctricas nunca pierden" puesto que seguirán cobrando de las administraciones y que la responsabilidad de los cortes "será de los servicios sociales". Este nuevo bono social continúa sin solucionar la problemática de la pobreza energética en su totalidad y dificulta su acceso a las ayudas por las trabas burocráticas que supone solicitarlo.
