La productividad laboral en España ha experimentado una caída notable en las últimas dos décadas, llegando a una disminución superior al 7%. Esta situación se produce en un contexto de incertidumbre económica en la zona euro, donde se vislumbra la posibilidad de una recesión.
Además, España se ha convertido en el país con mayor índice de desempleo entre los miembros de la OCDE, destacando especialmente el elevado porcentaje de paro juvenil dentro de la Unión Europea.
Ante este panorama, el Ministerio de Trabajo y Economía Social de España, liderado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se enfrenta a una serie de retos y prioridades para abordar estas problemáticas.
De esta manera, el Gobierno español ha decidido comenzar por la acentuada, y a veces minusvalorada, discriminación. Se encuentra implementando un nuevo sistema de búsqueda de empleo público que otorgará prioridad a colectivos vulnerables, entre los que se encuentran las personas LGTBI. Este programa, que se enmarca dentro de las medidas de protección social del Ejecutivo, busca garantizar la inclusión laboral de estos grupos y promover la igualdad de oportunidades.
La administración ha diseñado ya un método consistente en ofrecer a estas personas la posibilidad de registrarse de forma voluntaria y confidencial.
Registro voluntario y confidencial
La Ley de Empleo 3/2023, recientemente aprobada, incluye entre los colectivos prioritarios para la búsqueda de empleo a las personas LGTBI, con especial atención a las personas trans.
Tal y como se especifica en el artículo 50, las personas del colectivo de atención prioritaria podrán acceder a "programas específicos destinados a fomentar el empleo de las personas con especiales dificultades para el acceso y mantenimiento del empleo y para el desarrollo de su empleabilidad".
Es decir, se trata de mejorar la empleabilidad de personas vulnerables, no significa que vayan a tener prioridad a la hora del acceso a un empleo, un bulo que se está difundiendo desde algunos sectores.
Sin embargo, el Ministerio de Trabajo se enfrenta a un desafío legal, ya que la legislación española prohíbe que la administración pública solicite información sobre la orientación sexual de los ciudadanos, al considerarse una cuestión privada e íntima.
Para sortear este obstáculo, el Ministerio ha diseñado un sistema que permite a las personas LGTBI registrarse de forma voluntaria y confidencial en el programa de búsqueda de empleo público. De esta manera, la administración puede priorizar su acceso a puestos de trabajo sin infringir la legislación vigente en materia de protección de datos e intimidad personal.
Según asegura el Ministerio de Trabajo y Economía Social a VerificaRTVE, "ningún ciudadano o ciudadana tiene que manifestar su pertenencia a cualquiera de los colectivos LGTBI ni, por supuesto, manifestar su orientación sexual". Excepto que "la misma persona interesada considere que sea importante compartir esta cuestión en un proceso de atención personalizada con su orientador u orientadora".. Además, subrayan que "este tipo de datos especialmente protegidos no constan ni deben constar en ningún tipo de registro".
Aseguran que el Gobierno se fiará de la "buena voluntad" de los demandantes de empleo. Esto ha suscitado muchas críticas, por el riesgo de que se produzcan fraudes. No obstante, el Gobierno considera, como es lógico, que no hay cabida para esta discriminación y que combatirla es una prioridad.
