El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que pondrá en el mercado 50.000 viviendas en alquiler social con precios reducidos. Se trata de un parque inmobiliario procedente de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).
La medida será aprobada por el Consejo de Ministros el próximo martes. El plan se compone de 21.000 viviendas que se pondrán al servicio de las Comunidades Autónomas y ayuntamientos para su venta, según publica EPE, activos para enajenar a particulares.
Estas viviendas deberán ser ejecutadas con los presupuestos de las administraciones locales, en base a sus propios presupuestos, que generalmente son limitados en materia de vivienda social. Algunas administraciones ya han realizado algunas políticas en este sentido, como la Comunidad Valenciana, que ha comprado 500 pisos por 50 millones de euros, o la Xunta de Galicia, con 40 viviendas por 3,5 millones de euros.
No es la única medida. El plan también recoge la construcción de 15.000 viviendas en suelos que actualmente se encuentran en propiedad de la Sareb. En este caso, se desarrollará mediante un acuerdo de colaboración público-privada donde se cederán parcelas a empresas paras construir pisos en alquiler asequible, donde los inquilinos pagarán rentas por debajo del mercado, entre el 10% y el 30%.
Este plan se contempla a largo plazo, más allá de tres o cuatro años y cuenta con el apoyo de la consultora PwC. Se buscará asesoramiento económico-financiero, jurídico-fiscal, tras diseñar una fórmula definitiva, la Sareb se encargará de diseñar los pliegos y buscar a los inversores. Los plazos pueden dilatarse en el tiempo y pueden toparse con problemas que podrían reducir la construcción final de viviendas, como ya ha ocurrido en otras administraciones que han planteado programas similares: la Comunidad de Madrid, por ejemplo, diseñó el Plan Vive para levantar 15.000 viviendas y solo ha construido 6.600.
El plan también tiene la intención de sacar adelante 10.000 viviendas, según cálculos de la Sareb, que actualmente se encuentran en estado de okupación, para destinarlas a alquileres sociales. Se trata de una labor de la que se encarga Servihabitat, la compañía de gestión de ladrillo tóxico del fondo estadounidense Lone Star y CaixaBank.
En este último caso, se detectan pisos okupados ilegalmente para analizar si sus residentes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Si no sucede, se procede al desahucio de quienes se encuentren en el interior de las viviendas. En el caso de que no sea así, se paralizan los lanzamientos y se negocian alquileres sociales, que no pueden superar el 30% de los ingresos.
España, el tercer país de la Unión Europea con mayor número de viviendas vacías
Hay que tener en cuenta que España es el tercer país de la Unión Europea con mayor número de viviendas vacías y que tan solo cuenta con un 3% de vivienda pública, frente a la media de Europa, que se sitúa en el 9%, e incluso otros países que llegan al 20%.
El Gobierno se compromete a aumentar estos datos para equilibrar las tasas de España con las medias europeas: "Eso es lo que quiero para mi país, porque eso garantiza una mayor accesibilidad, sobre todo de los jóvenes, a la vivienda y bajará la edad de emancipación", ha defendido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El líder del Ejecutivo ha criticado la política de vivienda del PP, al considerar que constituye un "rotundo fracaso" porque convierte en "un derecho en una mercancía", ya que hay más disposición de suelo libre, que hace "cebar la burbuja inmobiliaria y la especulación, además de los sobrecitos", en referencia a la corrupción urbanística. También ha criticado las bonificaciones fiscales que han beneficiado a promotores inmobiliarios y privatizaron la vivienda pública que las administraciones construyeron "con el esfuerzo de los contribuyentes" y vendieron "a fondos buitre".
¿Qué es la Sareb?
La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) es una empresa creada en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy con el objetivo de rescatar los activos inmobiliarios tóxicos de los bancos rescatados tras la crisis de 2008.
Este organismo fue creado como una de las condiciones impuestas por Bruselas para recibir el rescate financiero de hasta 100.000 millones de euros. En un primer momento se creó como una empresa privada, pero el Gobierno de Pedro Sánchez modificó la ley en 2022 para hacerse con su control público y ahora, con la Ley de Vivienda, permitirá alquileres asequibles.
La Sareb llegó a gestionar casi 200.000 activos problemáticos por un valor de casi 50.000 millones de euros, según las cifras de la propia entidad. Su nombre, banco malo, precisamente deriva de su naturaleza, nace con el objetivo de comprar activos tóxicos de otros bancos para sanear las cuentas de las entidades y fomentar el crédito a empresas y familias.
