Los cimientos del Gobierno de la Comunidad de Madrid se desmoronan a cuenta del veto parental. Populares y ciudadanos sabían que la situación tardaría poco en desestabilizarse ante las continuas presiones de sus ahora socios, la extrema derecha de VOX. Y es que Rocío Monasterio ya ha avisado: si no aceptan el veto "se van a aburrir mucho", y declara, además, que "hasta que no se cumplan ciertas cosas no habrá presupuestos".
Por ello la presidenta de la Comunidad de Madrid ha tenido que buscar otras alternativas, por lo que ha decidido crear una especie de veto parental preventivo con el que pretende contentar al partido de la ultraderecha. No consta de la inmediatez ni del sistema de contratos que ansiaba implantar VOX, pero se erige por los mismos fundamentos: los padres y sus convicciones y creencias primarán sobre el sistema de enseñanza. Verán todos los programas educativos antes del comienzo del curso y podrán decidir en qué matriculan a los niños.
Según El Mundo, medio que ha tenido acceso al 'pin Ayuso', el documento ya se ha remitido a todos los colegios e institutos, y se remite a "los programas educativos, incluyendo las actividades complementarias y extraescolares, señalando las que tengan carácter habitual, los recursos y los servicios complementarios, que figuren en la programación general del curso actual, así como la información relativa a las actividades que conste en la memoria del curso anterior".
La medida será obligatoria y afectará a todos los colegios públicos y concertados en el segundo ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, además de la Educación Especial. La inspección educativa de cada una de las direcciones de área territorial (DAT) vigilará su cumplimiento.
No obstante, a pesar de la creación del documento, Ayuso y su equipo defienden que en las aulas madrileñas no ha habido ningún problema de adoctrinamiento ya que no se han registrado denuncias por ello en la región. Sin embargo, justifican su acción valiéndose del artículo 23.7 de la Constitución Española: "Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones". Olvidan, sin embargo, que el 27.1 dicta que "se reconoce la libertad de enseñanza" y el 27.2 recoge que "la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales".
La advertencia de VOX
VOX es conocedor de su poder y de la dependencia que tienen sus socios. El veto parental consiguió hacerse realidad en Murcia y Rocío Monasterio ya ha advertido acerca de lo que ocurrirá si su medida no continúa llevándose a cabo. "Dependen de los votos de VOX en Murcia, Andalucía y Madrid. Lo que vamos a negociar en los presupuestos no va a ser sólo la libertad educativa, van a ser muchas más cosas, y hasta que no se cumplan esas cosas no habrá presupuestos", señaló.
No puedo ver ni suficiente, ni insuficiente una alternativa al 'pin parental' que nadie me ha consultado, ni presentado. El día que alguien nos la presente, opinaremos. #FakeNewshttps://t.co/g1mCcWfbQ6
— Rocio Monasterio (@monasterioR) February 3, 2020
A pesar de que Díaz Ayuso ha intentado remodelar la medida para contentar a ambas partes, VOX rechazó su documento casi sin pestañear. En un comunicado, el partido se mostró molesto por haberse enterado de la medida "por los medios de comunicación", alegando que "el Ejecutivo no se ha puesto en contacto ni con la portavoz, Rocío Monasterio, ni con ninguno de los diputados para negociar nada relacionado con el pin parental ni con los Presupuestos", algo que muestra la tensa situación que se vive en la Comunidad de Madrid.
Por otra parte, tras la implantación del veto parental en Murcia, donde gobierna una coalición igual a la madrileña, el Ejecutivo central ya ha informado de que recurrirá a los tribunales para intentar que se prohíba su aplicación. Mantiene, a su vez, que la autorización de las familias es contraria a la Ley de Educación, ya que socava el derechode los niños a ser educados, que "censura la actuación de los centros docentes y su profesorado", que es una "objeción de conciencia encubierta" que "no está permitida" en la escuela si se aplica a los contenidos curriculares y que "contraviene" la Convención sobre los Derechos del Niño y otros tratados internacionales, como las normas autonómicas LGTBI o la Ley contra la Violencia de Género.
