El protocolo del Plan Extraordinario de Realojos de la Cañada Real Galiana ha sido acordado entre las administraciones responsables de esta zona: el Gobierno de España, la Comunidad de Madrid, y los Ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas Vaciamadrid.
Se firmará el próximo 15 de abril, como ha confirmado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que ha calificado el estado del enclave como el "principal reto de justicia social" en la Comunidad de Madrid.
La rúbrica del acuerdo es el primer paso de la nueva hoja de ruta del Plan Extraordinario de Realojos aprobado por el Comité Ejecutivo del Pacto Regional de la Cañada Real el pasado 6 de marzo, en el que se contempla el futuro de 1.600 familias durante la próxima década, a las que hay que sumar 286 familias y más de 1.000 personas reubicadas desde la firma del Pacto Regional en 2017.
El plan tiene como objetivo definitivo el desalojo prácticamente total de la Cañada Real Galiana. Martín ha defendido que el pacto alcanzado demuestra un "hito de colaboración" entre las administraciones implicadas, asociaciones y agentes sociales que operan en este ámbito. La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento también han celebrado los compromisos alcanzados en esta materia.
Políticas de inclusión
El Comité Ejecutivo también ha firmado un pacto con diversas medidas complementarias destinadas a mejorar la inclusión social de los habitantes de la Cañada Real Galiana, entre las que se incluye la creación de una Mesa de Empleo para fomentar la inserción de los residentes en el mercado laboral, así como otras actuaciones en materia de sanidad, educación y servicios.
Además, se consolidarán otras medidas emprendidas desde 2017, como el servicio de rutas escolares, tratamiento de personas con adicciones y renaturalización del espacio.
