Declarar el estado de sitio en Cataluña si la Generalitat desoye al Tribunal Constitucional. Esa es una de las medidas que el vicepresidente de la organización Sociedad Civil Catalana, José Domingo, ha reclamado en rueda de prensa para evitar la celebración del referéndum de autodeterminación programado para el próximo 1 de Octubre.
Domingo ha matizado que este tipo de medidas sólo se deberían de llevar a cabo si se consuma lo que ha calificado de "golpe de estado" contra las instituciones democráticas y ha instado al Gobierno a tomar "inmediatamente medidas preventivas" para frenar la consulta.
También ha solicitado la inmediata persecución de las personas implicadas, así como la aplicación de la Ley de seguridad nacional que, a su juicio, sería imprescindible para evitar que se cometa una ilegalidad ante uno de los retos más importantes que enfrenta nuestro país en la actualidad.
Critica además la postura del presidente autonómico, Carles Puigdemont, al que ha señalado por "incitar a cometer ilegalidades" a la ciudadanía catalana y considera que, de declararse la independencia, Puigdemont y sus consejeros se convertirían en "autoridades insurreccionales y en políticos golpistas".
José Domingo ha instado a los Mossos a colaborar con la legalidad democrática y a no plegarse al soberanismo, algo difícil con la nueva figura del director de los Mossos, Pere Soler, conocido por pronunciar frases como "Me dais pena todos los españoles". Sin embargo, desde la organización recuerdan que Cataluña se enfrenta a una situación que "puede llevar a conflictos sociales y que generará un grave problema de orden público".
Por último, la organización ha lamentado "la utilización política de los atentados", ya que considera que los Mossos no deberían de participar en los homenajes convocados por el soberanismo en tanto que se trata de un cuerpo garante de la seguridad en Cataluña.
El papel del Gobierno y la 'operación diálogo'
El Gobierno español, mientras tanto, está ejerciendo una resistencia pasiva de "desgaste" con la que pretende que el proceso soberanista se desinfle a base de no responder a las provocaciones de la Generalitat.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, está ejerciendo una labor de fiscalización mediante la cual intentará bloquear el presupuesto dedicado a necesidades básicas para la celebración del referéndum como la compra de urnas. El ministro se basa en ley de estabilidad presupuestaria.
Mientras tanto, el presidente del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, se ha negado a aplicar el artículo 155 de la Constitución, aquel que ampara la suspensión de la autonomía para las comunidades autónomas rebeldes y que incumplan la legalidad.
El sector más conservador del PP instó al presidente a tomar la citada vía, pero Rajoy considera que la aplicación del artículo daría alas al soberanismo para continuar en su discurso contra España.
La vía de Rajoy pasa por contar con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, como interlocutora en Barcelona, en la denominada como 'operación diálogo'. Un cargo que recibió con la creación de la cartera de Administraciones Territoriales y que le ha llevado a pasar largas temporadas en la capital catalana.
Una decisión que no ha gustado entre los más conservadores, representados en la denominada red Floridablanca, que defienden una línea más dura contra el soberanismo que, en cierto modo, podría amparar su discurso contra España.
