El pueblo de Fraguas, situado en la Sierra Norte de Guadalajara, ha sido muestra de hasta dónde puede llegar el movimiento okupa. En sentido positivo, claro, mientras que estas iniciativas se han asociado clásicamente a vaguerío perroflautista sin ganas de trabajar ni de pagar una casa, en realidad tienen como motivación mostrar un modo de vida alternativo, anticapitalista, autogestinado y autónomo. Y con mucho trabajo. ¿El resultado? Una aldea abandonada y derruida que ha vuelto a tener vida gracias al trabajo constante y duro de unas personas que intentan devolver al mundo rural su lugar en la sociedad. ¿La respuesta del gobierno autonómico? 30.000 euros de multa y 4 años de cárcel para cada uno y cada una de los implicados.
Fue en 2013 cuando un grupo de seis personas quisieron hacerse cargo del pueblo de Fraguas. Llevaba inhabitado desde 1968, en esa década el gobierno español expropió las tierras a sus habitantes para poner una plantación de pinos. El pueblo fue derruido, y décadas también se utilizó para hacer prácticas militares, pero al final sólo quedó como las ruinas de lo que había sido en el pasado. Con el fin de volver al mundo rural, y aprovechando lo que quedaba del pueblo, esta agrupación de okupas se interesó por establecer allí un asentamiento comunitario, colectivo y autogestionado.
Hasta la fecha han reconstruido 3 casas, con otras en proceso, han establecido un sistema de abastecimiento por medio de la energía solar, cultivan varias huertas y producen cerveza artesanal. Más personas se han unido al proyecto, hasta que la población ha ido aumentando. No se mantienen alejados del mundo de la ciudad, del que provienen, sino que quieren, simplemente, fomentar la vuelta al mundo rural.
4 años de cárcel por reconstruir un pueblo ilegalmente
Según comentan al medio Regeneración Libertaria (un nombre muy adecuado para la situación de Fraguas), todo lo han conseguido "mediante asambleas horizontales, priorizando el trabajo en grupo sin especializar y gestionándolo desde el común". Nadie manda, nadie obedece. La convivencia, como dicen, es el gran reto, pero la vida comunitaria no es sinónimo de paz entre todos, sino que el conflicto y su gestión es la esencia y naturaleza de la interacción humana.
La Junta de Castilla-La Mancha, donde gobierna el PSOE, acude a las leyes para echar abajo el proyecto. Así, la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha interpuesto una denuncia contra el colectivo de repobladores y repobladoras de Fraguas, y las seis personas que han iniciado este proyecto tienen cargos de usurpación del monte público, daños, delitos contra la ordenación del territorio. El total es una multa de 30.000 y 4 años de cárcel para cada uno, o sea, 24 años de condena acumulados. Según comentan los y las afectadas, ya fueron amenazados por técnicos y forestales antes de iniciar la okupación, en abril de 2013, y ya en 2015 fueron llamados a declarar.
Actualmente, están esperando la fecha en que se celebrará el juicio oral, donde esperan que el impacto positivo de sus acciones eviten que sean juzgados. Además, si pierden el caso, el pueblo de Fraguas podría ser derribado completamente, echando por tierra el trabajo de estos años, y cayendo en la incongruencia legal y política de destruir sólo por tener el poder legal. Antiguos vecinos de Fraguas han mostrado su apoyo a los llamados "l@s repoblador@s", y en Change hay en marcha una campaña para ayudarles con, por el momento, casi ocho mil firmas.
Okupando para construir, no ocupando para destruir
El movimiento okupa, diferente a la ocupación de casas por parte de personas sin hogar y/o en una extrema situación de exclusión social, se enfrenta constantemente al desalojo de los lugares donde se asientan. Terrenos y edificios sin dueños, abandonados, o bajo desprotección legal, son utilizados para poner en marcha modos de vida alternativos. No es una cuestión de crear hogares cerrados para colectivos, sino que las clásicas casas okupas suelen convertirse en centros sociales donde se ponen en marcha actividades de dinamización social, talleres, huertos, ocio juvenil y espacios culturales y vecinales para las personas de un barrio, un pueblo o una ciudad. El objetivo es la convivencia, la autogestión, la creación de oportunidades y espacios de los que se carecen, la oportunidad de vivir al margen de un sistema que consideran injusto, pero siempre construyendo, nunca destruyendo, como tienen asumido los sectores más conservadores.
