Diego Catriel Herchhoren, abogado y activista por el derecho a la vivienda en Guadalajara, enfrenta 4,5 años de cárcel por fotografiar desde su casa el desahucio de una familia vulnerable. Los hechos se se juzgan ahora y remontan al 26 de marzo de 2019.
La víctima del desahucio es una familia vulnerable, unos padres de 17 y 19 años, con un bebé de 4 meses, residentes en unos inmuebles propiedad de la sociedad católica San Vicente de Paúl. La Comisión Judicial acudió al domicilio sin la comunicación previa por parte de los juzgados de la orden de lanzamiento, ejecutando el desalojo sin la pertinente alternativa habitacional.
Ante la gravedad de los acontecimientos, el integrante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) difundió las imágenes que captó en el lugar a través de las redes sociales con el siguiente texto: "Recordad estas caras, son los miembros de la comisión judicial que han dejado a una familia en la calle".
Ahora, como consecuencia de la denuncia de la Comisión, enfrenta una pena de cuatro años y medio de cárcel por los delitos de revelación de secretos, injurias graves y desobediencia. Por este hecho, ya se ha iniciado una petición de firmas en la plataforma Change.org, entre otras actuaciones, para que se retiren los cargos.
???? ¿Estás dispuesto a ir PRESO por una FOTO?
— Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara (PAG) (@AntirepresivaGu) December 1, 2021
?? A Diego le piden 4.5 años de prisión por fotografiar a la Comisión Judicial ejecutando el desahucio de 1 familia con un recién nacido
???? Este 9 de diciembre no sólo juzgan a Diego, JUZGAN EL DERECHO A LA INFORMACIÓN#NoInformaras pic.twitter.com/i8048HLDl0
Amnistía Internacional: "Las autoridades deben retirar los cargos contra el activista de la PAH Guadalajara Diego Catriel"
Amnistía Internacional se ha implicado en el seguimiento de este caso y ha reclamado que se retiren todos los casos. La organización reconoce el derecho de las autoridades a establecer restricciones al derecho a la libertad de expresión, pero recuerdan que deben estar siempre previstas en la ley y ser proporcionales para proteger un interés legítimos, como los derechos y la reputación de las personas.
Y recuerda que, en ningún caso, estas limitaciones deben poner en peligro el derecho a la libertad de expresión en sí mismo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha retirado que los organismos del Estado y los funcionarios públicos, en el desempeño de su cargo oficial, deben aceptar que están sujetos a límites más amplios de crítica aceptable que los ciudadanos ordinarios y que, por lo tanto, deben aceptar estar expuestos al escrutinio público.
