El dueño de un bar de Tafalla (Navarra) podría pasar una larga temporada en prisión después de que la Justicia le haya acusado de colocar una cámara a escondidas en el servicio femenino. Los fiscales piden contra él 333 años de prisión por este hecho.
La fiscalía, en concreto, le señala como el culpable de 120 delitos contra la intimidad, uno por cada una de las mujeres que denunciaron los hechos. Por todo ello, piden dos años y seis meses de prisión para las víctimas mayores de edad, y otros cuatro por cada una de las menores a las que pudo observar en las grabaciones (fueron un total de 22).
El dueño se escuda en que colocó el artefacto con el fin de "terminar con las conductas despreciables de algunos clientes", pero ha llamado la atención de la Fiscalía que el responsable no decidiese colocar ninguna cámara en el servicio de hombres.
A pesar de la dura petición de los fiscales, el acusado no pasará más de 12 años de prisión (la condena efectiva en España se sitúa en 25 años). Sin embargo, será determinante el desarrollo del juicio, que comienza en breve y que será a puerta cerrada con el fin de proteger la identidad de las mujeres grabadas.
Los hechos juzgados
El acusado pudo llegar a grabar a 326 clientas entre los meses de agosto de 2014 y enero de 2015. Sin embargo, ha tenido suerte: 189 de las mujeres que aparecen en las grabaciones no han presentado denuncia y tampoco han podido ser identificadas.
Ahora la Fiscalía considera probado que colocó la cámara, camuflada en un falso enchufe, "con la intención de captar imágenes de las clientas que accedieran al cuarto de baño".
En el escrito de la Fiscalía queda además detallado cómo actuó el acusado: situó las cámaras apuntando directamente al inodoro, porque así "captaba el moment en el que las mujeres se desprendían de las prendas de ropa para hacer sus necesidades, obteniendo imágenes nítidas de sus partes íntimas".
Consideran probado, además, que el acusado mostró "absoluta indiferencia" por las personas que entraban al baño, y señalan que no podía ignorar, evidentemente, que "las instalaciones eran frecuentemente por menores de edad", tal y como sucede en cualquier otro baño público.
Por todo ello, la Policía Foral decidió actuar de oficio y contactar y localizar a todas las víctimas para que conocieran lo sucedido y decidiesen libremente si denunciar o no. De las 137 mujeres identificadas, presentaron denuncia 120, de las que 22 eran menores de edad.
Ahora, la Fiscalía solicita para el acusado, además de la pena de 333 años de prisión, una multa de 15.840 euros, así como una indemnización de 176.600 euros por los daños morales causados.
El dueño de la cámara fue detenido el 30 de agosto de 2015 tras el hallazgo en su ordenador de varias carpetas con imágenes en las que almacenaba los contenidos que había grabado para, recordemos, "terminar con las conductas despreciables de algunos clientes".
