Miguel Roldán es un bombero malagueño de 32 años que se enfrenta ahora a 20 años de cárcel. ¿El motivo? Participar en un operativo de rescate en el Meditrráneo con una ONG alemana. Su labor consitía en salvar a aquellas personas que caían al mar en un barco pesquero destinado al trabajo humanitario. Posteriormente, las personas eran traspasadas en alta mar a buques más grandes de ONG's como Save The Children o Médicos Sin Fronteras.
Ahora, la justicia italiana acusa al nadador de rescate y a nueve de sus compañeros de un delito de cooperación con el tráfico de personas por su trabajo a bordo del barco de salvamento de la ONG alemana Jugend Rett-IUVENTA. El bombero del Ayuntamiento de Sevilla nunca pensó que salvar a las personas que cruzan el Mediterráneo en busca de una vida digna en Europa pudiera llevarle a prisión. "No tiene sentido. Allí, durante la misión, nadie nos dijo que hiciéramos algo mal", explica Roldán a Informativos Telecinco.
El joven no comprende el hecho de que la acusación tenga lugar un año después del rescate y afirma que todas sus acciones eran supervisadas y se produjeron de acuerdo al reglamento: "Lo único que hicimos fue cooperar con Roma y ayudar a las personas". "Todo está supeditado y reglado por el Centro de Coordinación de Rescate Marítimo de Roma. Si Roma te dice que no es no. Vivimos situaciones en las que no pudimos salvar a gente porque Roma no nos daba autorización. Tuvimos que dejar morir a gente porque Roma no nos dejaba penetrar en aguas libias. Se viven situaciones límites por respetar todas estas normas", asegura.
"Si se necesita mi ayuda, volveré a ir"
Además, Miguel Roldán asegura que su caso es muy diferente a la situación que vivieron en Grecia sus compañeros y amigos Manuel Blanco, José Enrique Rodríguez y Julio Latorre, que fueron detenidos en 2016 en Lesbos por la Guardia Costera Griega. Roldán afirma que, en su caso, les acusan por cada una de las personas a las que salvaron."A mis compañeros les acusaron de meterse en un barco en el que no tenían que haberse metido, fue algo puntual. Estaban en el momento y en el sitio equivocado".
El caso se encuentra ahora bajo secreto de sumario y en fase de instrucción. Sin embargo, el proceso judicial al que se enfrentan los diez acusados podría llegar a costar 500.000 euros, por lo que han decidido abrir la plataforma Solidarity at Sea para sufragar los costes de un procedimiento que consideran injusto.
Pese a todo, Roldán se muestra convencido de que vovería al rescate en el mar si se precisara su ayuda. "Fue la experiencia más vital que he vivido en mi vida. Soy bombero y sé que en mi profesión nunca voy a vivir lo que he vivio en el Meditrráneo. Por nuestras manos pasaron 5.000 personas. Si se necesita mi ayuda volveré a ir".