El Gobierno de Perú ha anunciado que planea introducir la castración química para todos los violadores de menores de edad, adolescentes y mujeres, ante el revuelo causado por el secuestro y violación de una niña de tres años, en un caso que ha conmocionado a todo el país.
El presidente Pedro Castillo se ha mostrado contundente en una rueda de prensa ante los medios de comunicación: "Basta ya de tanta violencia, los crímenes de violencia sexual contra los niños y niñas no serán tolerados por este Gobierno, ni quedarán impunes. El dolor de esta familia también es el nuestro, me siento indignado ante tanta crueldad", ha declarado.
El "atroz e inhumano caso" de la menor se produjo en la ciudad de Chiclayoha, en el noroeste de Perú y ha llevado a la población peruana a una "enorme reflexión" para que el Estado adopte políticas públicas más severas que salvaguarden los Derechos Humanos de las personas más indefensas, según ha explicado el Departamento de Presidencia en un comunicado.
Proceso de aprobación
Para que la propuesta salga hacia adelante y que se legalice la pena, se deberá llevar al Congreso de la República, donde los parlamentarios deberán mostrar su respaldo. "No podemos seguir tolerando estos violentos hechos que dañan nuestra integridad como sociedad y destruyen la vida de indefensos", ha expresado Castillo ante los miembros de la cámara.
El presidente peruano ha defendido que la medida ya es legal en países como Estados Unidos (donde siete estados ya lo aplican), Polonia, Corea del Sur, Indonesia, Moldavia y Rusia. "Como se recuerda, la castración química consiste en administrar medicamentos que reducen la líbido e inhiben el deseo sexual. Se aplica como un método de prevención contra las agresiones sexuales y también como castigo para los que cometen crímenes de esta índole", ha asegurado la Presidencia peruana en un escrito.
Tras la propuesta, la Defensora del Pueblo ha calificado la medida como "ineficiente". "Es una medida ineficiente como método preventivo contra los delitos contra la libertad sexual. Ya tenemos las máximas penas en el Perú [...] Tenemos cadena perpetua como pena. ¿Esto ha disuadido a los agresores? ¿Esto ha ayudado a reducir la violencia hacia la niñez y la adolescencia?", ha explicado la abogada adjunta para la niñez la adolescencia de la Defensoría, Matilde Cobeña, en declaraciones a la emisora RPP.
Cobeña defiende que "no existe evidencia" de que la castración química pueda contribuir a reducir la incidencia de los delitos sexuales y asegura que Perú puede sufrir "consecuencias legales" a nivel internacional "por contravenir los tratados internacionales de derechos humanos".
Además, Matilde Cobeña ha defendido "medidas para prevenir la violencia" como "implementar la Educación Sexual Integral (ESI), lo que pasa por tener una educación con enfoque de género donde todas aquellas personas que van a una escuela o un niño que va a la educación inicial o los niños en sus propias casas, sepan que nadie los puede violentar". "Hay que dar las herramientas adecuadas de educación para que ningún niño, ninguna niña, pueda ser violentado", ha rematado.
