Para poder mantener el poder adquisitivo de las pensiones durante las próximas décadas sería necesario invertir 40.000 millones de euros. Sin duda es mucho dinero, pero es poco comparado con los 48.000 millones de euros anuales derrochados con la corrupción o los 70.000 millones de euros de fraude fiscal.
Esto, sumado al gasto en administraciones inservibles como el Senado o las Diputaciones, supone más de 130.000 millones que desperdiciamos cada año. Por lo tanto, es falso que no haya dinero, lo que ocurre es que va a parar a los bolsillos equivocados.
La solución para garantizar las pensiones es bastante sencilla: acabar con la corrupción y el despilfarro. Si recortamos en despilfarro evitaremos recortar a los pensionistas. Nuestros mayores no tienen por qué pagar su irresponsabilidad.
Hay quienes reclaman actualizar las pensiones en función del IPC, pero es un índice trampa. Los mayores apenas gastan dinero en productos incluídos en el IPC como material escolar o juguetes. En cambio invierten mucho más en medicamentos o transporte público. Por este motivo, si las pensiones se calculan sobre el IPC, debe hacerse sobre los costes reales que efectúan las personas mayores.
Mentiras disfrazadas
Nos dicen que la pirámide de población se está invirtiendo, que nos hacemos viejos como sociedad y que vayamos pensando en contratar una pensión privada. Frente a estas mentiras disfrazadas fijémonos en nuestro entorno: en otros países de Europa el envejecimiento ya se ha producido y no han recortado ni un céntimo en pensiones.
Los países que funcionan no dejan a nadie atrás y menos a los colectivos más débiles, como los jubilados. Por ello decidieron que tenían que dar unas pensiones justas. El cambio demográfico es algo pasajero y, en unos años, la pirámide volverá a invertirse.
Las pensiones deben ser un pilar del Estado del Bienestar: pensiones públicas, que sean justas con todos los años trabajados y que supongan que los jubilados puedan vivir con dignidad. Es un principio consagrado en la Constitución y se está vulnerando constantemente.
Es imprescindible que las pensiones no se paguen sólo con la caja de la Seguridad Social, sino que se complementen con los Presupuestos del Estado. Defenderemos una reforma fiscal que permita aumentar los ingresos del Estado y financiar servicios públicos y pensiones. En definitiva, una reforma en la que todos contribuyamos para que tengamos un país de futuro.