El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a ilegalizar la Fundación Francisco Franco. El nuevo mandatario ha propuesto la iniciativa ante varias asociaciones por la Memoria Histórica que se encontraban presentes en el Congreso de los Diputados.
Con este gesto, Sánchez se compromete a fortalecer la Ley de Memoria Histórica, aprobada durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que, de facto, había sido suspendida durante el ejecutivo de Mariano Rajoy.
El final de la fundación era una de las reivindicaciones de estos colectivos, aunque también incluirá otras medidas. En palabras de Sánchez, el nuevo gobierno reparará a la totalidad de las víctimas del bando vencido, con el fin de superar el franquismo, según relata.
Con estos movimientos, el presidente terminará con los vetos que han impuesto PP y Ciudadanos, que han dificultado el desarrollo de esta normativa durante los últimos años. Ahora, con un papel secundario dentro de la oposición, la ley tendrá aplicación efectiva.
Los colectivos han acogido con gran interés estas medidas, cuyo debate en primaria instancia se produjo en una conversación informal en los pasillos del Congreso. La Fundación Pablo Iglesias asegura que habrá "gestos muy importantes".
Cambios en el Valle de los Caídos
Uno de los puntos más polémicos se centra en el Valle de los Caídos. Su reforma cuenta con el apoyo de gran parte de los colectivos sociales y el Ejecutivo del nuevo presidente promete aplicarlas.
Entre ellas, se encuentra la exhumación de las tumbas de Francisco Franco y Primo de Rivera, para posteriormente convertir el conjunto en un Centro Nacional de Estudios orientado a la memoria.
El enclave está gestionado por Patrimonio Nacional, y aseguran que debería dejar de ser "un lugar de memoria franquista para reconvertirse en un espacio para la cultura de la reconciliación, de la memoria colectiva democrática y de dignificación y reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura".
Localizar y exhumar fosas comunes
Pedro Sánchez espera que la aplicación de esta ley cuente con el apoyo expreso de Podemos y los nacionalistas vascos y catalanes, lo que permitiría alcanzar la mayoría absoluta necesaria en este caso.
Con ello, se terminaría con la política del Partido Popular, que reflejó un presupuesto de cero euros para la localización y exhumación de las víctimas del franquismo. Pedro Sánchez se comprometió a gobernar con el presupuesto de su antecesor, aunque quizás pueda llevar adelante esta medida aprobando una partida especial.
También se obligará a los ayuntamientos a notificar la localización de las fosas en las que se encuentran los cadáveres de los represaliados políticos. A ello, se suma la creación de una "comisión de la verdad", con la que esclarecer lo sucedido y crear un bando de datos de ADN de las víctimas; así como fundar un Consejo de la Memoria de España y eliminar todas las calles, simbologías y plazas que mantienen honores a miembros destacados de la dictadura.
Los responsables de las instituciones que se nieguen a aplicar todas estas medidas prodrían incumplir un nuevo artículo, incrustado como 320 bis en el Código Penal, que contemplaría "la pena de prisión de un año y seis meses a cuatro años e inhabilitación para el desarrollo de empleo o cargo público de 9 a 15 años".
