El 39 Congreso Federal del PSOE, celebrado en 2017, fue claro: España tiene que ser realmente un estado aconfesional, tal y como establece la Constitución. Y eso pasa por renovar los postulados de los cuatro acuerdos firmados con el Vaticano en 1979, que otorgaron a la Santa Sede unos privilegios únicos en Europa, para adaptarlos a la sociedad actual y al papel que la Iglesia tiene en ella.
De los cuatro acuerdos (militares, educativos y culturales, jurídicos y económicos), el que más preocupa al Ejecutivo es este último. Las exenciones fiscales de la institución eclesiástica han sido ampliamente debatidas en los últimos años. En 2013, el Parlamento de Navarra decidió de forma unilateral cobrar el impuesto de inmuebles, conocido como IBI, a la Iglesia Católica y el resto de confesiones. La medida duró poco, pues el Tribunal Constitucional la derogó.
Ahora, es Pedro Sánchez el que quiere dar el paso e iniciar un proceso para eliminar las ventajas fiscales en los organismos religiosos. Como apunta La Información, el objetivo marcado no es imponer el IBI en todos los inmuebles controlados por la Iglesia, sino exclusivamente en aquellos que no sean de culto. De este modo, lugares como abadías, centros parroquiales, colegios u hospitales tendrían que pagar el citado impuesto.
Eliminar la influencia de la Iglesia en el Estado, objetivo prioritario
Esta modificación histórica en las relaciones con la Santa Sede se enmarca dentro de un proceso de laicización del Estado iniciado por el nuevo Gobierno desde el primer momento que asumió el cargo. De hecho, la toma de posesión de Sánchez y de los ministros y ministras tuvo lugar, por primera vez, sin el crucifijo ni la Biblia presentes.
Además, el Consejo de ministros y ministras no acudirá a actos como la Semana Santa, y su intención es sustituir los funerales de Estado católicos por unos ecuménicos para integrar a todas las creencias que integran el territorio. Más allá de los gestos, el PSOE parece haberse tomado muy en serio lo estipulado en el último Congreso Federal, y prepara también algunos proyectos de ley sobre asuntos polémicos, como la eutanasia.
