La Comisión Europea confirmaba lo que muchos ciudadanos temían: "Entendemos que el plan español se refiere a un mecanismo de pago por el uso de las carreteras a partir de 2024 en línea con el principio de quien contamina, paga", aclaraba Veerle Nuyts, la portavoz económica de la Comisión, en rueda de prensa.
En principio, la propuesta no podría ser revertida. Si el Gobierno incumple lo firmado, la Unión Europea podrá congelar el pago del quinto tramo de ayudas comunitarias, equivalente a 8.000 millones de euros.
Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha asegurado que "no es el momento de aplicarlo, sino de estudiar alternativas" y continuaba explicando que sí había un "compromiso" de estudiar diversas fórmulas y que "lo importante", decía, es que el Gobierno tiene "ese compromiso con un modelo que financie las vías". Con todos los hechos debatidos de cara a las elecciones generales, los ciudadanos españoles se preguntan cómo afectará y cuánto costará esta nueva medida.
Otra cuestión es si los profesionales (transportistas, transporte de personas,etc.) van a pagar estos peajes. En principio, el director general de Tráfico ya puso algunos ejemplos hace tiempo sobre qué tipo de usuarios y en qué situaciones no tendría que pagar por utilizar las carreteras públicas. En ese caso estarían exentos:
- Quienes necesitan desplazarse por estas carreteras para ir al trabajo
- Los estudiantes que se desplazan hasta su centro de estudios.
- Quienes cubran el trayecto por motivos médicos.
Lo más lógico es que esta lista de excepciones se amplíe. La cuestión es cómo se diferenciarán los usuarios, qué permisos o documentos habrá que solicitar, cómo y dónde se pedirán o qué tipo de justificantes habrá que aportar.
¿Dónde y cómo pagaremos?
La idea del Gobierno es implantar la medida en los 12.000 kilómetros de autovías y autopistas del territorio español. Pero en el plan se afirmaba que el sistema podría ser "escalable y progresivo", es decir, que se cobraría inicialmente solo en la red de alta capacidad para, posteriormente, ir ampliándose después y de forma gradual a otras redes de carreteras. Es decir, en la segunda fase los 14.000 kilómetros de carreteras nacionales, pasarían a ser también en carreteras de peaje.
¿Cuánto habrá que pagar?
En 2018, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN), ya propuso al Gobierno establecer un precio de 3 céntimos por kilómetro para vehículos ligeros y de 14 céntimos para los vehículos pesados. Del Gobierno se filtró también la posibilidad de un pago "suave" de 1 céntimo por kilómetro. Otra propuesta es la de Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX) que fijaría el precio medio en 4 céntimos por kilómetro para todo tipo de vehículos.
