Patricia Ramírez, madre del pequeño Gabriel, ha solicitado a la justicia que se refuercen los controles de seguridad que se le impondrán a su acosador D.M.F.A. a su salida de prisión el martes 24 de diciembre. En concreto, la progenitora del pequeño asesinado a manos de Ana Julia Quezada ha pedido que se le logre localizar en todo momento a través de un dispositivo electrónico en su muñeca.
Este hombre fue condenado a dos años de prisión tras ser juzgado y sentenciado anteriormente varias veces y reincidir de forma quebrantadora, no respetando las órdenes del juez de no acercarse a su víctima. La petición de Patricia no se hará realidad hasta que el juez tome una decisión el lunes 23 de diciembre.
El caso de este individuo salió a la luz tras el asesinato de Gabriel, momento en el que desapareció. Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable como autora, no dudó en aprovechar esa circunstancia para acusarle en primera instancia. Sin embargo, los investigadores finalmente descartaron su implicación en los hechos. Sin embargo, el procesado permanece encarcelado por acosar reiteradamente a Ramírez.
Siguiendo esta línea, el auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria confía en su posibilidad de vivir en libertad y, tras la petición de la Junta de Tratamiento Penitenciario del centro, se le concederá el derecho de abandonar El Acebuche a lo largo del mediodía del día de Nochebuena, sin ninguna medida de control más que presentarse en comisaria tanto al principio como al final de su permiso. Tampoco podrá abandonar la provincia de Almería y deberá estar "bajo tutela de un familiar", algo que según la víctima no surtió efecto en el pasado en lo que se refiere a su propia seguridad y protección. Estará fuera de la cárcel durante durante tres días.
No se siente segura
La damnificada ha confesado al diario ABC que tiene "miedo". Ella es consciente de sus derechos, y como tal, de los permisos que se le otorgan como reo, aunque del mismo modo asegura que no es en prisión donde tendría que estar, "sino en tratamiento en un psiquiátrico". "Yo, como víctima, tengo derecho a salir de mi casa asegurándome de que no me va a perseguir", señala Ramírez con cierto respeto.
Patricia ha recibido los consejos de sus abogados, quienes le han recomendado que abandone la ciudad hasta que su acosador regrese al centro penitenciario donde cumple condena. "Si yo hubiera mentido y dicho que ese hombre y yo nos dimos un beso, yo ahora mismo sería tratada por violencia de género, porque así es: él viene a por mí como mujer, es una obsesión sexual. Pero no mentí: no le conocía, no tenía una relación sentimental... y ahora me encuentro con problemas para que le pongan una pulsera para mi protección", señala. Fue en 2016 cuando Patricia Ramírez interpuso su primera denuncia contra D.M.F.A., momento en el que él recibió su primera orden de alejamiento.
Posteriormente, en octubre de 2017, le fue impuesto el primer dispositivo de control para tenerle en todo momento ubicado a través de geolocalización, pero trató de escapar a su alcance y de hecho, lo consiguió durante algunos días, hasta que volvió a ingresar en prisión y el juez le ordenó llevar la pulsera durante un año. Esto ocurrió hace tan solo cuatro o cinco meses y Patricia reclama que se haga efectivo el cumplimiento total del periodo previsto y ordenado por la justicia.
Por si no tuviera poco encima, Ramírez se enfrenta a otra cuestión judicial que le atañe: la decisión que el juez debe tomar sobre la repetición del juicio que condenó a Ana Julia Quedaza por el asesinato de su hijo Gabriel Cruz Ramírez. Su defensa presentó un recurso de apelación y ahora está en manos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía considerar si Quezada debería volver al banquillo para volver a ser juzgada el atroz crímen que cometió.
