Admitida la querella de la Fiscalía General del Estado contra el expresident de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y los otros trece miembros del Govern por rebelión, sedición y malversación de causales públicos. Así, la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela los cita a declarar los próximos 2 y 3 de noviembre como investigados.
Puigdemont, sin embargo, ha decidido no acudir a declarar, según ha declarado su abogado en Bélgica, Paul Bekaers. "No, no irá, prefiere oberservar y esperar", ha revelado en la televisión belga. El expresident también aseguró el pasado martes 31 de octubre que no había recibido ninguna citación para declarar en la Audiencia Nacional, sino que se había enterado por la prensa: "Para ir a declarar se necesita una citación. No la ha recibido nadie".
Durante la rueda de prensa celebrada en el Press Club de Bruselas después de su fuga de España, Puigdemont señaló la "judicialización de la política española" y reconoció que su intención no es pedir asilo político y que pretende asumir sus responsabilidades: "No queremos eludir nuestra responsabilidad ante la Justicia, pero queremos garantías en el marco europeo". No parece que tenga intención de hacerlo.
Detención de Puigdemont y su Govern
De no presentarse en el tribunal, la Fiscalía ha anunciado que pedirá a la juez que lleva el caso, Carmen Lamela, la detención inmediata de Carles Puigdemont y su Govern. Se llevaría a cabo mediante las correspondientes órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) que obligarían a las autoridades belgas a proceder a la detención del expresident y sus consellers.
Para denegar la extradición, la regulación europea recoge determinadas circunstancias en una lista de delitos entre los que no está la rebelión y la sedición, pero sí algunos de corrupción, por lo que cabría la posibilidad de que se le aplicara a Puigdemont, impitado por malversación. En caso contrario, los delitos que se le achacan deben estar tipificados en el ordenamiento jurídico belga para que se pueda proceder a la orden de detención y entrega.
El papel de la justicia belga
Bajo el paraguas del ordenamiento jurídico belga, los ocho imputados serían detenidos y puestos a disposición del juez, que decidiría sobre su puesta en libertad o mantenimiento en prisión hasta que se resolviese sobre la ejecución de la orden. Sin embargo, si Puigdemont y sus consellers aceptasen su entrega a España, algo que no parece que vaya a suceder, ésta se haría sin más complicaciones.
En el caso de que los ocho exaltos cargos catalanes no aceptasen su entrega, la decisión correspondería a la Cámara del Consejo de Bruselas, que dispondría de un plazo de quince días. Pero su decisión es recurrible en apelación, abriéndose un nuevo plazo de quince días, y en último caso ante la Corte de Casación, que dispondría del mismo tiempo para resolver.
Los trámites podrían complicarse más, ya que el juez instructor belga podría considerar insuficiente la información contenida en la orden de detención y, por tanto, requerri a la justicia española el envío de más información.
Cabe destacar que la ley belga establece una serie de motivos por los que la orden puede ser rechazada, como por ejemplo la existencia de razones para creer que su ejecución tendría como efecto una vulneración de los derechos fundamentales de la persona reclamada recogidos en el Tratado de la Unión Europea.
