Las negociaciones para que la derecha alcance el gobierno de la Junta de Andalucía se encuentran estancadas. El Partido Popular y Ciudadanos se niegan, por el momento, a derogar la Ley de Violencia de Género que la formación de Santiago Abascal ha puesto como condicionante para la sesión de investidura.
Conscientes de que la extrema derecha es fundamental para llegar a San Telmo, los populares han decidido lanzar una propuesta que intentará seducir a los 12 diputados de VOX: ofrecer ayudas a hombres, abuelos, abuelas y niños. víctimas de violencia en el hogar. Todo se enmarcará en la reforma de la ley de violencia doméstica que, según Génova, necesita un "refuerzo".
El PP argumenta que los varones maltratados necesitan cobrar ayudas específicas, con lo que se "completaría" la lucha contra la violencia "de todo tipo", según han indicado fuentes populares al diario El Mundo. La condición, eso sí, será evitar la reducción de los fondos destinados a la violencia de género y no modificar la actual ley que defiende a las mujeres víctima del maltrato.
Precisamente, tanto la formación de Rivera como la de Casado pactaron en el punto 84 mantener la ley tal y como se contempla en la actualidad. Los pactos para Andalucía se están realizando en Madrid y buscan un punto a favor para la próxima macrocita electoral programada para mayo.
No podrán evitar la fotografía
El 'caramelo' de la Junta de Andalucía para la derecha (que desaloja a los socialistas después de 36 años en San Telmo), es un símbolo con el que populares y naranjas buscan una buena posición de salida para las próximas elecciones.
Es evidente que no pueden dejar pasar esta oportunidad. Sin embargo, Ciudadanos, que se ha circunscrito siempre al ámbito del centro, quiere evitar una fotografía con la extrema derecha que le podría salir muy cara. Primero, porque sus socios europeos (se presentarán a Bruselas con Alde), amenazan con una expulsión. Segundo, porque abre grietas dentro de su partido (su candidato estrella en Barcelona, Manuel Valls, ha advertido). Y tercero, porque escora demasiado a la derecha al partido, que podría verse fagocitado por Abascal y Casado.
Sin embargo y como parecía evidente, Abascal quiere escenificar su condición de llave de gobierno y, sobre todo, que no regalará sus votos a dos partidos que reniegan públicamente de él.
Abascal, de hecho, no dudó en expresarlo a través de Twitter: "¿Qué partido va a votar el programa de otros partidos que le desprecian y además traicionando a sus votantea? Vox, desde luego, no". Y, posteriormente, añadía: "Si Ciudadanos y PP quieren los votos de Vox, tendrán que sentarse con Vox para escuchar el programa electoral que representan nuestros diputados. Y atender, en la justa medida de esos 12 diputados, ni más ni menos, las demandas de 4.000 andaluces".
El PP no muestra tantas reticencias, sobre todo, porque Casado y Abascal ya eran amigos en sus etapas dentro del PP de Esperanza Aguirre. Los secretarios generales de ambos partidos (Teodoro García Egea por el PP y Javier Ortega Smith por VOX) ya se han hecho una foto firmando unos papeles cuyo contenido no ha trascendido. A pesar de las advertencias entre los barones populares, Casado sí que está abrazando algunas tesis de la formación verde, como trasladar parte de su agenda a Ceuta y Melilla y, sobre todo, a hacer actos frente a la valla.
Ahora falta comprobar qué posición adopta Ciudadanos. Cualquier postura podría salir cara, porque sus votantes no permitirían perder la oportunidad de desalojar a Díaz ni la foto con la ultraderecha. Una postura difícil, pero necesaria para que el partido de Rivera ostente por primera vez un cargo institucional de auténtica relevancia.
