La debacle electoral que el PP experimentó en las pasadas elecciones generales del 28 de abril (cuando pasó de 137 diputados en el Congreso a 66), ya tiene las primeras consecuencias a nivel estructural.
El problema se encuentra en el equilibrio de sus cuentas, ya que la pérdida de representación supone una bajada de subvenciones y, con ello, menos capacidad de gasto para mantener una infraestructura de grandes dimensiones.
En Génova hay reticencias a la hora de escenificar de manera clara este descalabro electoral. Por ello, ha iniciado una fase de despidos de manera escalonada que está llevando a romper contratos laborales con más de 30 años de antigüedad, no sin polémica.
Así lo han experimentado ya, al menos, seis trabajadores de la formación política, dos correspondientes al grupo en el Congreso de los Diputaods y otros cuatro relacionados con las labores en el Senado del partido.
Según los documentos a los que ha tenido acceso la Cadena SER, los trabajadores fueron incorporados hace tres décadas con contratos en los que se reconocía, explícitamente, que "se reserva la plaza, categoría, nivel, trienios y demás derechos", según aparece en los papeles.
Nada de esto, sin embargo, ha servido al PP: la dirección del partido asegura ahora que solo son trabajadores "eventuales" y les ha comunicado el despido con 12 días de indemnización por año trabajado, por un total de cuatro años por la duración de la legislatura. Un cambio de criterio que reduce de forma considerable el dinero que estos trabajadores tienen derecho a percibir y que podría derivar en consecuencias penales para la formación conservadora.
Un ahorro del 96,5%
Si el Partido Popular finalmente consigue imponer su critero de indemnización, sus cuentas saldrán ganando: en total, se ahorrarían un 96,5% del dinero que deberían a sus trabajadores por este motivo. Hablamos de un total de un millón de euros para el partido, que ahora se verían reducidos a un total de 37.000 euros.
Sin embargo, las pruebas están ahí. De hecho, el contrato que todavía une a los trabajadores con el PP está firmado en los años 80 por los entonces responsables del partido Loyola de Palacio, Francisco Álvarez Cascos (en calidad de secretario general, hoy está fuera del partido) o el extesorero Álvaro Lapuerta Quintero. Desde entonces, ese contrato se ha mantenido sin modificaciones, a pesar de que ahora quieren hacer pasar su vinculación con el PP como "eventual" de la legislatura que ahora acaba de concluir.
"Han dado orden a los ujieres de evitar la entrada de los extrabajadores"
El PP, mientras tanto, reconoce ha comunicado el despido a los trabajadores y asegura que ha pedido un informe a los servicios jurídicos del Congreso para valorar cómo se debe actuar.
Sin embargo, los trabajadores van más allá y dicen que han recibido la notificación de despido por parte de la Seguridad Social y que el partido ha dado órdenes a los ujieres del Congreso para evitar directamente la entrada de cualquier exempleado dentro de la Cámara baja. La ley, sin embargo, no permite que los partidos puedan vetar el acceso de manera directa y establece una serie de mecanismos internos para aprobar una medida de esta envergadura.
Los trabajadores afectados aseguran que denunciarán el despido ante los tribunales, lo que podría llevar al PP a entrar en pleitos con sus trabajadores mientras enfrenta la pérdida de ingresos y, posiblemente, un traumático cambio de sede ante la imposibilidad de mantenerse en la céntrica Calle Génova de Madrid.
