Carles Puigdemont sigue teniendo problemas para lograr la internacionalización del conflicto catalán en las instituciones europeas. Prácticamente todos los gobiernos de la Unión y las cámaras representativas del poder en el continente han negado la posibilidad al expresident de comparecer en el interior de sus edificios. Las tesis del Gobierno de España son defendidas apenas sin fisuras -salvo por la salida de tono de algún político belga- por los representantes vecinos.
La Comisión Europea, el Consejo y los Gobiernos han negado la entrada del exmandatario catalán. A esta medida, se ha sumado el Parlamento Europeo presidido por Antonio Tajani, un político duro con el procés que ha defendido abiertamente el orden constitucional español en reiteradas declaraciones públicas. Tajani se aferra a las medidas cautelares impuestas por el juez a Puigdemont y a los cuatro exconsellers: no puede salir de Bélgica; debe comparecer inmediatamente cuando se le solicite y tiene que estar localizable.
La inviolabilidad del Parlamento -la policía no puede entrar libremente para detener a una persona en sus instalaciones- ha sido la artimañana esgrimida por el presidente de la cámara europea para negar la entrada a Puigdemont y que este pudiera así internacionalizar el independentismo catalán. "El Parlamento Europeo no puede prohibir la entrada a Puigdemont, pero entendemos que necesita autorización expresa de un juez porque en aplicación del protocolo sobre privilegios e inmunidades de las instituciones europeas, el Parlamento es inviolable", explican fuentes europeas al diario 'El Mundo'.
Autorización judicial
Puigdemont y los cuatro exconsellers que se encuentran en Bruselas deben estar permanentemente disponibles por si un juez les solicita que comparezcan. Es por ello que las autoridades europeas del Parlamento han decidido que debe ser el mismo juez quien le permita o no entrar a la institución, puesto que, una vez dentro, la policía no podrá acceder libremente a él si se solicita su presencia en las inmediaciones policiales o judiciales.
Esta decisión del equipo jurídico de Tajani abrirá, con toda probabilidad, una crisis institucional entre los diputados independentistas del Parlamento Europeo y los grupos de la izquierda, más proclives a que se permita el uso de las salas para dar ruedas de prensa, comparecencias o lo que resulte necesario. Ya la semana pasada las autoridades europeas y belgas negaron el uso de una sala del edificio para la rueda de prensa que Puigdemont dio posteriormente en otro lugar. Sin embargo, el deseo de la Generalitat de extender el conflicto para darle una mayor repercursión se está topando con las trabas del poder político en Europa.
El eurodiputado del PDeCAT, Ramón Tremosa, intentó reservar una sala para el martes 7 celebrar un acto. Sin embargo, el grupo al que pertenece, Alde, presionó para que no lo lograra. El diputado de Ciudadanos -partido que pertenece al mismo grupo europeo-, Javier Nart, ha asegurado que "la Unión Europea tiene entre sus textos fundacionales el respeto a la integridad territorial y el orden constitucional de cada estado; no era admisible que un diputado instrumentalizara la sede de esta institución para un acto que va contra la esencia de la Unión". La oposición dura de los naranjas se mantiene más allá de las fronteras nacionales españolas.
Comienza la campaña electoral
La carrera electoral para el próximo 21 de diciembre comenzará de manera informal previsiblemente este martes 7 con un acto por parte de 200 alcaldes catalanes independentistas que se han desplazado hasta Bélgica para intentar captar la atención del foco internacional. La convocatoria ha sido impulsada desde la Associació de Municipis per la Independència (AMI) y la Associació Catalana de Municipis (ACM).
En este acto, aunque no está confirmado, se prevé que Puigdemont y los exconsellers intervengan. Los mandatarios municipales realizarán una concentración frente a la sede de la Comisión Europea sobre las 13:00 horas y, cuatro horas más tarde, se desplazarán hasta un centro cultural de referencia, el Bozar, para desarrollar en su interior un acto más formal. Curiosamente, este lugar fue el escogido por el Gobierno español para celebrar la Fiesta Nacional el pasado 12 de octubre.
En este proceso de campaña electoral para el 21-D, los plazos para que la justicia belga se pronuncie sobre la extradición de Puigdemont y los exconsellers han comenzado a correr. Hasta un máximo de 90 días puede durar este procesamiento en circunstancias extraordinarias. El siguiente paso le toca al Chambre du Conseil, que emitirá su primera resolución el próximo viernes 17 a las 14:00 horas. Esta decisión judicial, que podrá ser recurrida, tendrá otro plazo de 15 días que tendrá que resolver la Court d'appel, una corte de apelaciones. Tras otro período de 15 días, un tribunal de casación dará la sentencia definitiva. Este proceso judicial pretende garantizar las libertades básicas de los acusados.
La campaña electoral catalana se enmarcará en un ambiente muy inusual para las autoridades europeas. Las medidas cautelares impuestas por el juez no impide a Puigdemont que pueda ser cabeza de lista -como así lo quiere el PDeCAT- y que, debido a ello, lleve a cabo una contienda desde Bélgica, algo que él mismo afirmó en una entrevista en una televisión belga, basándose en las posibilidades que ofrece el mundo globalizado e interconectado gracias a Internet.
Europea, entre las cuerdas
El intento de internacionalización del conflicto con Cataluña trae de cabeza a toda Europa. El éxito o no de esta campaña puede avivar otros sentimientos nacionales dentro de las fronteras de la Unión Europea, algo que las autoridades comunitarias intentan evitar a toda costa. El cierre de filas con el Gobierno español es más que evidente.
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha vuelto a ser contundente: "No veo que las autoridades españolas estén violando el Estado de derecho. Creo más bien que los que no respetan el orden constitucional español están violando la ley", dijo en declaraciones a EFE y Europa Press. Queda más que claro que Europa sigue del lado de Mariano Rajoy, pese al encarcelamiento preventivo del resto de exconsellers y del exvicepresident Oriol Junqueras.
No solo Europa está sufriendo las consecuencias de la causa independentista catalana. En Bélgica, la tormenta política se ha recrudecido tras las declaraciones de unos y otros. El ministro de Exteriores, Didier Reynders, declaraba en una entrevista que "hay que dejar hacer a la justicia española y belga" y pedía a los políticos belgas que evitaran inmiscuirse en un conflicto en el que "no tienen nada que decir".
El gobierno de Charles Michel tendrá que enfrentarse en el Parlamento a la oposición en la próxima sesión de control en la Comisión de Interior. A Michel no le ha hecho ninguna gracia la presencia de Puigdemont dentro de sus fronteras. El precio a pagar a medio y largo plazo puede ser muy caro para los políticos belgas dependiendo de cómo se resuelva finalmente la situación de los cuatro exconsellers y el expresident de la Generalitat.
