El Parlamento Europeo anuncia oficialmente que retira la inmunidad parlamentaria al expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí. Esta decisión se ha tomado tras una votación secreta en la Eurocámara, en la que ha habido 400 votos a favor, 248 en contra y 45 abstenciones. En el caso de Comín y Ponsatí los resultados han variado ligeramente, con 400 votos a favor, 247 en contra y 42 abstenciones.
Los votos a favor han venido principalmente del Partido Popular Europeo, los socialistas y los liberales, mientras que han sido los partidos Verdes, de la Izquierda y de una decena de españoles como el de Podemos, Izquierda Unida, PNV, o Bildu los que han votado en contra.
La Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) de la Eurocámara ya se había pronunciado a favor de que el pleno retire la inmunidad a Puigdemont y sus consejeros que ahora son eurodiputados. La Comisión considera que los hechos que se les reprochan a los acusados se cometieron antes de que fueran miembros del Parlamento Europeo, por lo que no tiene sentido que se escuden en la inmunidad parlamentaria.
Consecuencias del levantamiento de la inmunidad
El hecho de que el expresident y sus consejeros pierdan la inmunidad no tiene repercusiones políticas puesto que seguirán siendo eurodiputados aunque en este caso no pueden escudarse en la inmunidad parlamentaria si el Tribunal Supremo decide reactivar la tramitación de la orden de detención, que quedó paralizado en Bélgica y Escocia cuando los tres políticos catalanes fueron designados eurodiputados.
Puigdemont ha anunciado que interpondrá un recurso frente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por supuestas irregularidades que dice que han existido en el procedimiento. Han recopilado varias quejas, como que los tres han tenido el mismo ponente en Asuntos Jurídicos en vez de uno, o que las audiencias se hayan hecho por videoconferencia por primera vez en la historia y esto podría arrojar dudas sobre la confidencialidad. Los tres eurodiputados también piensan pedir medidas cautelares.
España podría en cualquier momento reactivar las Euroórdenes en Bélgica y en Escocia en cualquier momento, pero la experiencia previa con los tribunales de los dos países, especialmente el belga no ha sido muy satisfactoria. Los magistrados en Bruselas han mostrado su falta de interés en los casos que llegan de España, como cuando en enero denegaron la extradición de Lluís Puig (quien no tenía inmunidad) porque el Supremo no era el órgano competente para emitir una orden europea en ese caso.
