La ironía ha golpeado las entrañas del propio Parlament de Cataluña. Durante semanas, los dirigentes independentistas han defendido la proclamación unilateral de la independencia pese a que eso conllevara a romper con el orden constitucional de España. Sin embargo, ahora han sido ellos los que han sufrido la sonrisa del destino.
La compañía de seguros SegurCaixa Adeslas ha decidido prescindir del contrato que cubría el seguro de responsabilidad civil del Parlament como una consecuencia directa de la "grave situación" en la que se encuentra la comunidad autonóma tras los últimos acontecimientos. Según informa Europa Press, desde ahora la empresa que trasladó su sede social de Barcelona a Madrid el pasado 9 de octubre ha decidido no cumplir con sus obligaciones contractuales.
La compañía está presidida por el también director de Mutua Madrileña, Javier Mira. Su cuota de mercado nacional alcanza el 25%, llegando a contar con el mayor cuadro médico del país con 43.000 profesionales y más de 3,6 millones de clientes en el ramo de la salud.
Rechazo a la rescisión por hacerlo "unilateralmente"
SegurCaixa es una compañía integrada en el grupo de Mutua Madrileña y participa en La Caixa. Hasta ahora, tenía contratado unos servicios con los parlamentarios catalanes. Sin embargo, el empeoramiento del desafío soberanista ha provocado que decidieran remitir una carta al Parlament para explicar las razones por las que suspende su servicio a la cámara catalana.
Según afirma la propia aseguradora, la suspensión por parte del Tribunal Constitucional de la Ley de Transitoriedad Jurídica y la Ley del Referéndum aprobada por el Parlament el pasado 6 y 7 de septiembre, ha provocado un cambio de las condiciones de la póliza que la empresa no es capaz de asumir. Esta misiva que ha sido recibida con sorpresa por parte de los miembros de la mesa del Parlament ha sido firmada por un directivo de la compañía SegurCaixa Adeslas.
Este contrato ha cubierto los daños a todo riesgo y la responsabilidad civil y patrimonial. Esta segunda parte es el servicio que SegurCaixa ha decidido prescindir a los parlamentarios catalanes. El importe ascendía hasta los 18.000 euros.
Por su parte, en el Parlament no han ocultado su sorpresa. El vicepresidente primero de la Mesa, Lluís Guinó, ha asegurado que esta medida es totalmente "injustificable". Además, ha llegado a afirmar que la cámara catalana revisará su relación con la aseguradora.
Sin embargo, la respuesta de Guinó más impactante de todas ha sido una ironía del destino para el proceso independentista. Este miembro parlamentario ha asegurado que el Parlament no va a reconocer esta suspensión del contrato por parte de SegurCaixa debido a que lo ha hecho "unilateralmente". Por lo tanto, esta "unilateralidad" jurídica por parte de la compañía no será reconocida por la cámara, dando por inválidas las justificaciones de la compañía. Esto quiere decir que el Parlamente continuará contando con la cobertura del seguro, entrando en un bucle de unilateralidades cuya resolución veremos próximamente.
Guinó ha asegurado que no reconocen los efectos de esta decisión empresarial "porque no tiene fundamento jurídico". "Entendemos que está vigente y que, si hay un incidente, deberá responder", afirmaba. Además, para salvaguardar las espaldas, el vicepresidente ha solicitado un informe jurídico que estudie y establezca una resolución sobre la relación de la compañía con el Parlament.
Rectificación o medidas judiciales
Para presionar sobre la decisión de SegurCaixa de rescindir de los contratos con la cámara, el Parlament asegura que estudiará a medio plazo cambiar sus seguros a otras compañías, lanzando una clara advertencia a la aseguradora. Asimismo, si la empresa perteneciente a Mutua Madrileña no rectifica, contratarán a otra a corto plazo que sea capaz de cubrir el vacío legal que deja la cancelación "unilateral" del convenio.
"Si una empresa no quiere asegurar al Parlament, hay multitud de compañías que seguramente estarán encantadas de trabajar con el Parlament", ha afirmado el vicepresidente primero de la Mesa.
Por otro lado, Guinó llegó a amenazar con emprender acciones judiciales contra la rescisión "unilateral" de este contrato por no enmarcarse dentro de la lógica jurídica. Resulta chocante esta decisión cuando ha sido el propio partido para el que trabaja Guinó, Junts Pel Sí, el que se ha saltado las leyes constantemente con la aprobación de la Ley de Transitoriedad y la Ley del Referéndum declaradas posteriormente como inconstitucionales por el Tribunal Constitucional.
Asimismo, la defensa a ultranza de la legalidad, la lógica jurídica y el rechazo a las decisiones unilaterales chocan frontalmente con los pasos que ha dado el partido que dirige Carles Puigdemont en los últimos meses en su enfrentamiento con el Gobierno de España que dirige Mariano Rajoy.
