Este miércoles Junts Pel Sí y la CUP han utilizado sus 72 votos en el Parlament de Cataluña para aprobar las conclusiones obtenidas por la comisión del proceso constituyente de independencia. Dichas conclusiones incluyen el derecho a formar una Asamblea Constituyente y seguir redactando todas las leyes necesarias para la independencia, así como un referéndum final con el que los ciudadanos catalanes ratificarían todo el proceso y culminaría su desconexión con respecto a España de forma unilateral.
En contra de esta aprobación se ha manifestado tan solo Catalunya Sí Que es Pot (CSQP), con 11 votos, ya que el PSC no ha querido participar en la votación y el PP y Cs han abandonado la Cámara en señal de protesta. Esto se debe a que el documento aprobado supone una continuación de la declaración de independencia proclamada el pasado 9 de noviembre de manera unilateral, la cual fue considerada como ilegal por el Tribunal Constitucional tras la petición del Gobierno de Mariano Rajoy.
Los grupos de la oposición se han posicionado en contra de elevar este debate al pleno catalán, siguiendo las indicaciones del Constitucional. "Se pasan la Justicia por el arco del triunfo y proponen un golpe a la democracia", acusaba Inés Arrimadas (Cs), mientras que Xavier Garcia Albiol (PP) les amenazaba con que "el Estado de Derecho actuará". Mientras tanto, Miquel Iceta (PSC) advertía que la decisión "no acerca a Cataluña a la independencia, solo provoca un conflicto y fomenta una peligrosa división entre los catalanes".
La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha recordado a los representantes de JxSí y la CUP el dictamen del Tribunal Constitucional, sobre el cual han hecho caso omiso. "Somos conscientes del Constitucional y caminamos hacia la independencia sin miedo", ha afirmado Anna Gabriel, portavoz de la CUP. Así pues, se han aprobado finalmente las conclusiones que se encaminan a desarrollar una ley de fiscalidad, otra de Seguridad Social y otra de transición jurídica, sin que ninguna de ellas sean "susceptibles al control, suspensión o impugnación por parte de ningún otro poder, juzgado o tribunal", esto es, por parte de ninguna institución del Gobierno español.
