Tras la decisión del juez Pablo Llarena, que ha impedido a Jordi Sànchez acudir al pleno de investidura en el Parlament, la presidencia de la cámara autonómica ha optado por aplazar 'sine die' la celebración de esta sesión.
El presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent, ha afirmado que "en este caso, se podría vulnerar el derecho a la participación política de Sànchez, en tanto que es diputado electo y puede ser elegido presidente si así lo decide la mayoría".
Sin embargo, su elección como líder de la Generalitat es completamente improbable en las actuales circunstancias. El exconseller de Salud Toni Comín y el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aún no han recogido su acta de diputado lo que, unido a la prisión de los políticos, dificulta la aritmética parlamentaria para el soberanismo.
Por otro lado, es improbable que la Justicia permita la salida de Sànchez antes de que se celebren nuevas elecciones tras agotar los plazos para investir a un nuevo líder y acabar con la paralización política.
Las formaciones soberanistas presentarán el próximo lunes 12 una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: "La demanda de medidas cautelares ante el TDEH está reservada para casos específicos en los que se puede producir un daño irreparable". Sin embargo, habría que esperar que la sentencia llegue a tiempo para garantizar la investidura del president.
Bloqueo en el Parlament
Los plazos para disolver el Parlament y convocar nuevas elecciones se fijan en dos meses después del primer pleno de investidura. Algo que no se prevé en esta causa porque Torrent ha aplazado continuamente las sesiones, por lo que la paralización política podría continuar durante meses.
Sin embargo, mantener este bloqueo únicamente permitiría que La Moncloa continúe llevando las riendas del Govern. La Generalitat se gestiona a través de un Consejo de Ministros semanal y de carácter extraordinario, en el que las Consejerías se controlan desde los ministerios correspondientes y la presidencia se controla, de facto, a través de la vicepresidencia del Gobierno.
El Gobierno central está gestionando de manera técnica, aunque la decisión del ministro de Educación, que quiere garantizar que los alumnos puedan estudiar en castellano en cumplimiento de la ley vigente, ha sentado como un 'jarro de agua fría' en el soberanismo.
Y no olviden la joya de la corona, TV3, cuya intervención se encuentra en el aire. Sáenz de Santamaría no es partidaria de cambiar su línea editorial, aunque en el gobierno se están produciendo presiones del grupo de Cospedal, el antiguo G-8, aunque se encuentra seriamente debilitado. No olviden, sin embargo, el gran poder de Cospedal gracias a Rajoy: es ministra de Defensa, secretaria general del PP manchego y nacional, diputada en el Congreso y el Parlamento castellanomanchego; así como líder del grupo popular en la región.
Nuevas elecciones
Podría ser el paso del soberanismo para sondear sus apoyos. Sin embargo, Puigdemont tiene la intención de repetir y, en el caso de ganar, tendría mayor capacidad para imponer al completo sus decisiones.
Por otro lado, el arco constitucionalista se ha sentido reforzado gracias a la victoria de Ciudadanos en las encuestas y la gran capacidad de movilización de plataformas como Sociedad Civil Catalana.
Los votantes de estos grupos empiezan a sentir que cuentan con fuerza y con un partido en el que centrar el 'voto útil', lo que podría debilitar al arco independentista, que obtuvo el 47% de los votos en las pasadas elecciones y que podría verse debilitado.
Cambio de candidato
El nombre de Elsa Artadi suena en todas las quinielas, a pesar de que los partidos que formaron el antiguo Govern apuestan por miembros destacados de la anterior etapa para visibilizar su rechazo al 155.
Artadi se encuentra actualmente libre de cargas judiciales y se mantiene en el círculo cerrado de Puigdemont, lo que supondría una vía para garantizar la formación de gobierno manteniendo la hoja de ruta.
¿Y la CUP?
La CUP cuenta con una situación de debilidad tras la pérdida de escaños, pero es imprescindible para la formación de gobierno. En el PDeCAT, por ejemplo, se considera que "la CUP se encuentra en una situación que no permite exigir demasiado", tal y como confirmó el diputado en el Congreso Carles Campuzano en una entrevista con Los Replicantes.
Los cupiers apuestan por continuar con la proclamación de la República Catalana. Seguir por esa vía supondría problemas judiciales para, entre otros, el actual presidente de la Cámara Roger Torrent, que ve a sus predecesores en prisión, fuera de España o con causas judiciales pendientes.
Si la CUP no cede, no se convoca pleno de investidura y no se propone un candidato alternativo, el bloqueo en el Parlament permitirá que Moncloa controle la Generalitat. En el PP no hay prisa, ya que con tres diputados no pueden llevar la iniciativa parlamentaria y sufrir ningún desgaste que afecte al PP catalán. Un bloqueo que, como la investidura de Sànchez, puede mantenerse 'sine die'.
