Que una pareja (sea hetero u homosexual) se case en otro país requiere de una serie de criterios y requisitos que no siempre se pueden cumplir. En España, para solicitar el expediente del conocido como matrimonio consular, es necesario que al menos uno de los integrantes de la pareja tenga nacionalidad española, y que ninguno la tenga del país en el que quieren casarse. Sin embargo, uno de ellos, o los dos, deberán estar domiciliados en el territorio consular elegido para la boda. Si se consiguen superar estos obstáculos, existe otro escollo más: Gran Bretaña, Suiza o Uruguay tienen prohibido el matrimonio consular.
Si ya parece un proceso complejo de por sí, las personas homosexuales tienen que soportar una última traba: que el país en el que quieran contraer matrimonio haya aprobado la unión entre personas del mismo sexo.
Una normativa de hace medio siglo
A pesar de que esta circunstancia haya llegado a la opinión pública recientemente, la ley que prohibe casar a dos gays o lesbianas españoles en un país como Italia, por poner el ejemplo más cercano y relevante, data del 24 de abril de 1963, en el Congreso de Viena. Ratificado por España siete años después, en dicho Congreso se aprobó un tratado internacional que regulara las relaciones consulares, entre ellas el matrimonio.
Fue ahí donde se aprobaron las bodas en los consulados de otros países, "siempre que no se opongan a las leyes y reglamentos del Estado receptor". Y como todavía no se conoce el país en el que el matrimonio hetero esté prohibido, la normativa perjudica ahora a las parejas del mismo sexo.
El Gobierno, sin demasiado interés en cambiar la situación
Este inconveniente fue tratado en marzo de 2017 en el Congreso de los Diputados, 12 años después de que se aprobara la ley de matrimonio homosexual en España. El PSOE presentó una Proposición no de Ley (PNL) para que el Gobierno diera los pasos necesarios para cambiar este condicionante del Congreso de Viena, y permitir a los españoles casarse en cualquier lugar del mundo.
Los populares, sin embargo, no se mostraron demasiado predispuestos a liderar la derogación de ese punto concreto de la normativa, alegando que "requeriría medidas legislativas o jurisprudencia en los tribunales, o bien un cambio en la doctrina de la Dirección de los Registros y del Notariado". La PNL presentada por el Grupo Socialista está a la espera de ser tratada en la Comisión de Justicia, aunque no hay visos de un cambio de situación de corto a medio plazo.
