En 2015, algunos medios de comunicación como ABC o Mediterráneo Digital titulaban lo siguiente:"Una pareja paquistaní cobraba 10.000 euros al mes en ayudas sociales". Cuatro años después, el 16 de mayo de 2019, el portal Periodista Digital ha publicado el mismo contenido como si fuera actual y ahora se ha viralizado.
Pero resulta que esta información no es del todo cierta. Según ha investigado El Diario, este caso se trata de una estafa cometida por aquel entonces en el País Vasco, en la que presuntamente estaban involucradas una treintena de personas. Repetimos, estaban realizando una estafa, por lo que es falso que la pareja de origen paquistaní recibiese los 10.000 euros mensuales por la vía legal del Servicio de Empleo Vasco, conocida como Lanbide.
Según El Diario, la noticia se originó en las páginas del periódico vasco El Correo, que titulaba: "Lanbide pagó 395.000 euros a un paquistaní y a su mujer por las diez RGI que cobraba". En esta ocasión se comunicaba que "se detuvo a un ciudadano paquistaní junto a su mujer en un operativo de la Ertzaintza contra el fraude en las ayudas sociales". Los periodistas calcularon que la pareja ingresaba "el día 30 de cada mes alrededor de 10.000 euros".
La noticia fue recogida poco después por ABC y la web Mediterráneo Digital, que titularon de la siguiente manera: "Una pareja paquistaní cobraba 10.000 euros al mes en ayudas sociales", pero ninguno especificaba que se tratara de un caso de estafa. Ahora, cuatro años después, Maldita Hemeroteca, el portal web que trata de desmentir todas las fake news del momento, ha tenido acceso a la sentencia de la Audiencia Provincial de Álava. Con ella se juzgó a cinco personas de la trama, y se indicó en hechos probados que "los acusados urdieron una estrategia con el fin de obtener de modo ilícito ayudas económicas públicas".
Cinco detenidos por estafa
La Ertzaintza también ha confirmado que intervino en el caso, pero no ha especificado si realmente existió alguna pareja que cobraba 10.000 euros mensuales. El Correo explica que el caso lo detectó el propio Servicio de Empleo Vasco, al llamar a "una treintena de presuntos compinches", para que se presentaran a una oferta falsa, un curso laboral ficticio, tras detectar "falsificaciones en el padrón". Los técnicos encontraron documentos falsificados como "burdas copias de los certificados", "erratas en los textos oficiales", o "tachones sospechosos y nombres borrados con típex".
Los cinco hombres fueron condenados por la Audiencia Provincial de Álava como autores de "un delito continuado de estafa agravada por un delito continuado de falsedad en documento oficial", y por este motivo se les consideró autores de un delito de "pertenencia a un grupo criminal". En total se les condenó a cuatro años y medio de prisión. Dos de los cinco acusados trataron de sustituir sus penas por la expulsión del territorio nacional durante diez años, y los otros tres se vieron obligados a indemnizar a Lanbide con un total de 180.330,44 euros.
