Bajo el pretexto de la colaboración público-privada para adelantar la vacunación de los ciudadanos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, adoptó una medida que no había avanzado ninguna región: ceder a empresas privadas la inmunización de la población general.
Con la atención primaria bajo mínimos, Madrid cierra 47 centros de salud mientras los ciudadanos pueden vacunarse en El Corte Inglés, Acciona y el Banco Santander; además de la red de hospitales que funciona en régimen de gestión privada y los contratos firmados durante la pandemia con instituciones como Cruz Roja (más de 1 millón de euros) o Indra (más de 1,1 millones de euros) para dicha vacunación.
Madrid se ha gastado más de 7 millones de euros (7.229.393 euros) en privatizar las vacunas (no hay constancia del dinero pagado como indemnización a los hospitales que funcionan con gestión privada). El último movimiento en este plan ha sido la firma del acuerdo Plan Sumamos Salud+Economía, desarrollado por la Fundación CEOE (presidida por la exdiputado del PP y exministra de Trabajo con Rajoy Fátima Báñez), que propone la vacunación de empresas. Solo Madrid ha utilizado a estas empresas para vacunar a la población general en este proceso de externalizaciones.
Sin eficacia
Pero esto no ha servido para que Madrid vaya por delante del resto de comunidades autónomas. De hecho, Madrid es la región que menos dosis ha administrado. El 4,8% de las recibidas, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad de este viernes 9 de julio. Hasta 1.088.591 vacunas que ha recibido la Comunidad de Madrid no se han administrado todavía.
Entre los contratos, se encuentra el firmado con Cruz Roja el 30 de diciembre. Este contrato costó 804.098,53 euros y se tramitó de urgencia sin publicidad. El mismo mes se firmó el primer contrato con Indra para encargar "el desarrollo de un sistema de información para el registro de vacunas Covid-19", por 18.143,95 euros.
También por urgencia se firmó el contrato con Demométrica, para análisis de datos sobre la vacunación, por 56.144 euros. Otro contrato con Logista Pharma tuvo un coste de 20.085,88 euros para distribuir 77.000 dosis de Moderna. También se fomentó la privatización de los puntos de vacunación, con el estadio Wanda Metropolitano frente a los puntos de Madrid Salud que cedió gratuitamente el Ayuntamiento de Madrid.
Otro contrato cedido a dedo se adjudicó en marzo, por un período de cuatro meses, a la empresa CGM Clinical España. Estaba centrado en la gestión de ficheros para ordenar la vacunación de la población y tuvo un precio de 422.173,84 euros.
En abril se dio otro contrato por 42.390,66 a ESET Servicios Auxiliares para apoyo operativo en los centros, así como otro a Indra por 1.126.101,63 euros por citación masiva para tres meses. Además, se incorporó el WiZink Center como punto de vacunación.
En mayo se incorporaron 38 hospitales privados a la red de vacunación, de grupos como HM Hospitales, Quirónsalud o Vithas. Iban a recibir una indemnización, aunque no se concretó y únicamente se ha señalado que vacunarían a sus pacientes de "alto riesgo". También se hizo otro contrato con la UTE Indra-Telefónica sin publicidad por 2.526.480 euros por atención telefónica a usuarios de la campaña de vacunación y a Indra por la cuarta actualización de aplicaciones para protocolos Covid-19 y proceso de vacunación, por 768.348,91 euros.
En junio, se renovó el contrato con Cruz Roja por 1.030.492,92 euros sin publicidad. También a Indra se le dio el sistema de certificado verde digital para la movilidad de los ciudadanos por 224.479,2 euros por tres meses.
Indra se vio otra vez beneficiada mediante la UTE Indra-Telefónica con un contrato para la "ampliación de la atención telefónica a usuarios en la campaña de vacunación de la Covid-19 y seguimiento de contactos" por 2.737.020 euros durante dos meses.
