En el Boletín Oficial del Estado (BOE) se ha publicado un real decreto ya aprobado por el Gobierno, que concede a la Administración General del Estado la propiedad del panteón donde será enterrado Franco, que se encuentra en el cementerio de El Pardo, en Mingorrubio, Madrid. La exhumanción del cuerpo del dictador está prevista para el 10 de junio de 2019.
Este decreto, en el que se desvincula la concesión de su titular previo, Patrimonio Nacional, fue aprobado por el Consejo de Ministros a propuesta de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la presidencia, Carmen Calvo. Según explica el texto, fue el consejo de administración de Patrimonio Nacional quien acordó pedir al Gobierno la desafectación del mausoleo en marzo de 2019, una vez que los planes del Gobierno para exhumar a Franco ya habían trascendido.
En la publicación, firmada por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, presidido por Calvo, se argumenta lo siguiente: "Resulta evidente que la concesión de un título de derechos funerarios sobre esta unidad de enterramiento no se relaciona ni ajusta con los fines a que han de destinarse los bienes y derechos integrantes del Patrimonio Nacional, según su ley reguladora".
De la Familia Real, al Estado
Tras la desafectación efectuada por el Gobierno, el panteón donde previsiblemente será enterrado Franco ha dejado de pertenecer a Patrimonio Nacional por un motivo de ley. Según dispone la constitución, los bienes y derechos adscritos al Patrimonio Nacional están destinados al uso y servicio de la Familia Real. Sin embargo, su consejo de administración puede adoptar las medidas conducentes al uso de los mismos con fines culturales, científicos y docentes. Por este mismo motivo, el uso de la cripta ha pasado de destinarse al servicio del Rey, para pasar a adscribirse al Estado.
La exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos se realizará siempre y cuando el Tribunal Supremo no lo suspenda antes, como consecuencia del recurso presentado por la familia, al que ha presentado alegaciones la Abogacía del Estado.
Carmen Calvo ya explicó que el proceso de exhumación se llevará a cabo sin "comunicación ni convocatoria pública". Para ello se adoptarán las medidas necesarias para evitar el uso de medios de captación y reproducción de imagen y sonido. Así lo que se pretende es poder "preservar la intimidad" de la participación de la familia y "de los restos del dictador".
La justificación de esta decisión del Gobierno, según la vicepresidenta, se basa en la conclusión del proceso abierto para el traslado de los restos de Franco, contemplado en la Ley de Memoria Histórica. Además, Calvo insiste en que el Ejecutivo puede ejercer sus competencias con independencia de las decisiones que adopten otros órganos, refiriéndose al Tribunal Supremo.
