Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llegó a un pacto judicial la pasada semana por el que asumía la responsabilidad de dos delitos de fraude fiscal en concurso con dos de falsedad en documento mercantil, pero aceptando por ello ocho meses de cárcel y un pago de 491.000 euros. Lo que en la práctica le permitiría eludir el ingreso en prisión al no llegar la pena al mínimo de dos años.
Eso es lo que consta en el proyecto de conformidad al que ha tenido acceso El País y otros medios como El Diario. Sin embargo, dicho acuerdo que fue armado con la Fiscalía y con la Abogacía del Estado saltaba ayer por los aires tras la decisión de la jueza que instruye el caso, María Inmaculada Iglesias, de aceptar el aplazamiento de la declaración como investigado del novio de Ayuso que reclamaba la acusación particular.
Dicha acusación, que ejercen el PSOE y Más Madrid, reclamó ampliar la causa a otros cuatro delitos a mayores: administración desleal, falsedad contable, corrupción en los negocios y delito contable. González Amador tenía que presentar ayer lunes en el juzgado de instrucción 19 de Madrid, a las 10.00 horas, dicho acuerdo, pero el hecho de que la jueza diese luz verde a esa petición desbarataba la posibilidad.
La multa: una sanción del 40% de la cuota defraudada
En este sentido, y según recoge El País, el acuerdo al que había llegado González Amador con ministerio fiscal y Abogacía del Estado contemplaba una sanción equivalente al 40% de la cuota defraudada. En líneas generales, las cuantías se repartían de la siguiente forma: 60.000 euros (40% de 155.000 euros) y 78.380,56 euros (40% de 195.951,41 euros). A esa cantidad había que sumarles 350.951 euros defraudados e intereses de 2.493,10 euros para la cifra final: 491.824 euros. Cerca de medio millón.
Según el citado diario, ese pacto también llevaba otras cuestiones aparejadas, como la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, la pérdida del derecho a obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante nueve meses por cada uno de los dos delitos contra la Hacienda Pública.
