El Juzgado de instrucción número uno de Collado Villalba (Madrid), el paso mes de diciembre dictó una orden de alejamiento de 500 metros para Miguel Ángel Frontera respecto al domicilio y el lugar de trabajo de Pablo iglesias e Irene Montero. El cabecilla de las concentraciones frente a la casa de la pareja está acusado de los presuntos delitos de acoso, delito contra la intimidad, coacciones, desobediencia a la autoridad e injurias graves contra la ministra y el exvicepresidente.
Siguiendo el procedimiento, ambos han presentado en el juzgado su escrito de acusación contra Frontero solicitando que se abra juicio oral contra él y una pena de un año y seis meses de cárcel así como el pago de una indemnización de 20.000 euros en total en concepto de daño moral.
"La afectación e impotencia para mis representados para proteger a sus hijos en su hogar familiar ante los insultos, el acoso y las coacciones sufridas. Es más, el daño sufrido alcanza al propio desarrollo de la personalidad de los tres hijos menores y a la intimidad de la familia en su conjunto que ha sufrido cómo no podían desarrollar su vida en privacidad", denuncian los perjudicados.
Siete meses de acoso diario
Miguel Ángel Frontera, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Público, llegó a crear una plataforma de crowdfunding para obtener ingresos económicos "con los que seguir dando soporte del acoso diario". Este acoso se alargó desde el 15 de mayo al 12 de diciembre de 2020, meses entre los que esta persona acudió a diario frente al domicilio de Iglesias y Montero "hostigando y profiriendo términos injuriosos como 'garrapata', 'chepas' o términos similares", lo que le producía una "grave alteración" de la vida de la familia.
La campaña de hostigamiento también contó con pancartas en las que se podía leer "Pablo, hijo de terrorista" e "Irene Montero ministra analfabeta cuyo mérito es tener las rodilleras gastadas". Frontera también acudió a las concentraciones con altavoces y el himno de España a todo volumen. Entre cacerolas, los ultras congregados gritaban: "No nos vamos a parar hasta que os vayáis a Venezuela".
Pero lo más grave tuvo lugar el 23 de julio de 2020, cuando Frontera se saltó el perímetro de seguridad de la casa los políticos morados para emitir en directo "con colaboración del presentador del programa de entrevistas y actualidad de extrema derecha 'Estado de Alarma', grabando un vídeo donde Miguel Frontera se jacta de haber sobrepasado el perímetro de seguridad y nuevamente con un megáfono comienza a gritar términos ofensivos", señalan los perjudicados.
Días antes, el 12, pasó algo similar, apuntan en el escrito de acusación: "Burlando nuevamente la seguridad de la vivienda, se alzó sobre una piedra para superar el muro perimetral y procedió a grabar desde ahí el interior de la morada de los querellantes hasta que fue visto por los mismos, invadiendo su intimidad".
Por si todo esto fuera poco, Frontera publicó en su canal de YouTube las grabaciones de las declaraciones del procedimiento judicial realizadas por Iglesias y Montero en la instrucción de la causa, lo que incurriría en un presunto delito de descubrimiento de secretos, consta en la querella.
