Las restricciones en la Comunidad de Madrid se han encontrado con un choque: la Policía no multa a los ciudadanos que se saltan los confinamientos selectivos porque el Gobierno de Ayuso teme que un juez pueda anular todas las sanciones. Por ello, solo hay labor informativa a la espera de que algún magistrado se pronuncie sobre este asunto.
El estado de alarma autonómico, con el que el Gobierno quiere delegar en las comunidades la gestión de la pandemia y también responder a la realidad territorial y competencial (la sanidad está transferida y Valencia o Canarias tienen una situación epidemiológica muy diferente a Madrid) se ha topado con un bloque: las autonomías del PP.
Pablo Casado ha sido tajante respecto a este asunto: ha vetado que los barones que gobiernan bajo sus siglas puedan acudir a La Moncloa a pedir este escenario, tal y como publica el diario La Razón. Hay varias autonomías de todo signo que ya se han preguntado sobre la conveniencia de solicitarlo, pero hay cierto consenso en que Madrid debería cargar con el 'sambenito' de ser la primera: así aboca su escenario epidemiológico.
Para el Gobierno de Ayuso, que en demasiadas ocasiones primó la economía sobre la salud y que no vio que una pequeña restricción dejaría un bache menor que el abismo que ahora se encara en el sector empresarial, el estado de alarma no es una opción fácil. Supone enmendarse por completo, decir a aquellos manifestantes de Núñez de Balboa que se equivocaron... y que su partido debería haber aprobado todas las prórrogas como pedían Feijóo y Moreno.
La presidenta regional, que ha salido muy tocada de los últimos giros en su estrategia frente a la segunda ola de Madrid, que nunca confinó una población durante el verano (tan solo un breve cierre de bares en Tielmes, una pequeña localidad de 2.720 habitantes a 50km de Madrid); ahora tiene un dilema: restringir derechos básicos sin un estado de alarma.
El Gobierno central, mientras tanto, continúa en su posición y tan solo se limita (y limitará) a poner efectivos de la Policía Nacional, Guardia Civil y el Ejército para cumplir con aquellas medidas que Ayuso transmita al Palacio de La Moncloa durante sus reuniones semanales.
Las comunidades autónomas critican la falta de criterios únicos y señalan que se ha pasado de un confinamiento muy duro a demasiada relajación, sobre todo en el ocio y la hostelería. No ha habido refuerzo en el ámbito sanitario, ni rastreadores, ni una coordinación entre gobiernos efectiva. Esto, ahora, también se está pagando.
Madrid, un problema nacional
El problema de Madrid no se limita al ámbito local. La capital, que ejerce como núcleo de comunicaciones con toda España, cuenta además con un ámbito de influencia que se materializa con ciudades dormitorios en provincias como Guadalajara y Toledo, principalmente.
De hecho, los municipios de Castilla-La Mancha que tienen mayor relación diaria con Madrid (Yuncos, Illescas, Azuqueca de Henares, Guadalajara capital) están registrando unos datos también muy preocupantes. Desde estas localidades, la pandemia se puede extender poco a poco hacia otros territorios hasta que los datos se puedan disparar a nivel nacional.
Por ello, la situación de Madrid preocupa. Quizás, en una ciudad con más de 3,6 millones de habitantes concentrados, en una región que supera los 6 millones para un territorio de pequeñas dimensiones, la 'nueva normalidad' deba tener una serie de restricciones diferentes.
