La crisis generada por el cese del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, por un informe para la jueza que investiga al delegado del Gobierno, ha situado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una situación crítica, además de a su directora, la general del Instituto Armado, María Gámez.
El motivo ha llegado tras la publicación de un informe donde se explicaba que la destitución del general se veía motivada "por no informar del desarrollo de las investigaciones".
Sin embargo, esto no debería suponer ninguna novedad, al menos para el PP: el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en marzo de 2012 una instrucción interna donde se obligaba a rodas las unidades de policía judicial a informar a la cúspide del Cuerpo sobre todas las operaciones en marcha.
El sindicato mayoritario del Instituto Armado, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha reconocido que esa orden continua en vigor y que no ha sido nunca suspendida desde entonces.
La AUGC señala que "establece una obligación aún vigente de dar cuenta a Interior de las investigaciones que se estén llevando a cabo. No de su contenido sino de su mera ejecución". Es decir, que el ministro tiene unas líneas generales sobre lo que está ocurriendo, no el acceso a pruebas o sumarios en completo que podrían poner, en teoría, en jaque a la independencia del Poder Judicial.
Interior niega injerencias
La duda, sin embargo, continua flotando en el aire. Si aquel "no informa del desarrollo de las investigaciones", como señala la oposición, era una intención a la hora de extralimitarse en el ejercicio de sus funciones.
Para ello, cabe destacar que al final del informe se señala que"no informa del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial con fines de conocimiento".
En base a la orden y al escrito, Interior niega por completo que hubiese la menor voluntad de injerencia y ponen con punto de inflexión que el coronel mintió al asegurar que la jueza había paralizado las actuaciones por la situación del estado de alarma. Aquello, en teoría, rompió una confianza que entonces ya era exigua, según relata InfoLibre.
El ministro señala, además, que nunca ha pedido conocer el contenido del informe ni las líneas de investigación, si no conocer la actividad de los juzgados y limitarse a las funciones que se establecen en el decreto que aprobó Rajoy en 2012.
El texto de esa norma es claro: "De orden del Teniente General Director Adjunto Operativo, a partir de la fecha y antes de las 13.00 horas de cada viernes, las Jefaturas dependientes de la Dirección Adjunta Operativa, incluidas las Zonas, remitirán a la Jefatura de Policía Judicial, y esta a su vez antes de las 14.30 a la Secretaría del DAO y al Estado Mayor, una breve reseña de las operaciones que vayan a entrar en fase de explotación en la semana siguiente".
