La 'Operación Pokémon', que investiga las irregularidades cometidas en el proceso de gestión del agua, salta de Galicia a Murcia con la decisión de la jueza Pilar de Lara, instructora del caso, de citar a declarar como imputados a cuatro exediles del PP de Cartagena.
El motivo, los "viajes de placer" costeados por Hidrogea (anteriormente conocida como Aquagest), concesionaria del servicio municipal de aguas, a cambio de favores en las adjudicaciones, y que pondrían en un serio aprieto a la exalcadesa de Cartagena desde 1995 hasta 2015, Pilar Barreiro.
De hecho, sólo el estar aforada por pertenecer al Senado ha impedido la imputación de Barreiro, a la que la jueza ha ofrecido, no obstante, personarse en el procedimiento, ya que "podría haber tenido participación activa en la toma de decisiones que habrían beneficiado al grupo empresarial investigado", como recoge la magistrada en el auto.
Los que acudirán sí o sí a la cita serán Agustín Guillén (exconcejal de Hacienda y exvicealcalde), María Ángeles Palacios (exconcejal de Hacienda y exministra de Sanidad), José Vicente Albadalejo (exedil de Infraestructuras) y José Cabezos (exedil de Hacienda y exvicealcalde). Todos ellos están acusados de los delitos de tráfico de influencias y cohecho por los ya comentados "viajes de placer".
El contrato con Hidrogea, en el aire
Estas imputaciones establecen un antes y un después en el caso desde que el partido político Movimiento Ciudadano de Cartagena denunciara la situación. Además, el 18 de enero se iniciará una comisión de investigación en la alcaldía sobre la gestión irregular del agua durante los años de gobierno del PP, en la que se espera que se tomen medidas definitivas.
La más importante, quizás, sea la de desligarse de Hidrogea. Y es que Barreiro, antes de dimitir, firmó una prórroga del contrato con la empresa hasta 2042, contrato que el PSOE, ahora en el poder, todavía no ha anulado, a pesar de las exigencias del Movimiento Ciudadano de Cartagena o Podemos, su apoyo en la alcaldía.
Pilar Marcos, portavoz de la formación morada en Cartagena, acusó a Ana Belén Castejón (PSOE), actual alcaldesa, de mantener las relaciones con una empresa "denominada por los tribunalescomo asociación ilícita y mafiosa".