El asesinato de Borja Villacís, hermano de la vicealcaldesa de Madrid y ex dirigente de Ciudadanos, Begoña Villacís, está siendo investigado. La principal hipótesis en estos momentos es un posible ajuste de cuentas. Borja Villacís se encontraba investigado por la Audiencia Nacional en el marco de una causa por narcotráfico, imputado por dos presuntos delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales.
El Grupo V de Homicidios de la Policía Nacional se ha trasladado al lugar de los hechos. Se trata de un restaurante situado en el barrio de Montecarmelo, en el norte de la capital, donde el hermano de la ex vicealcaldesa ha sido tiroteado en la puerta de las instalaciones.
Los autores de los disparos viajaban en un BMW negro. Posteriormente han huido de la zona, dos de ellos han abandonado el vehículo en la zona de Las Tablas, en las inmediaciones de la sede de Mediaset, mientras que la mujer ha sido detenida cuando circulaba por Plaza Elíptica.
Operación Águila-Frazen
La trama en la que se encontraba Borja Villacís constaba de una banda de nacrotráfico liderada por Antonio M. M., alias 'Niño Skin', que fue líder de la organización nazi Ultras Sur y que, supuestamente, aprovechó para controlar el mercado del narcotráfico mediante sus contactos en Colombia y coberturas diseñadas para esquivar la acción policial, que le permitían desplazarse y evitar los controles, especialmente durante la peor época de la pandemia.
La banda fue bautizada por los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) como 'Organización Skin' por sus conexiones con la ultraderecha y su admiración por la División Azul, los soldados españoles combatientes con el Ejército nazi en el frente ruso.
Se trata de un entramado organizado para la venta de cocaína en cantidades abundantes en diversos puntos situados en Madrid, Toledo, Salamanca, León, Valladolid, Asturias, Bilbao, Cantabria, Zaragoza y Burgos. Se establecía un punto central para la distribución, denominado 'La Guardería', situado en Las Rozas (oeste de la Comunidad de Madrid) y con una droga que alcanzaba purezas del 96%.
El operativo empleado en la trama se repetía habitualmente. Los compradores contactaban con la trama, pagaban en un lugar y recogían la droga en otro. Además, se aprovechaban de la fuerte pureza de la cocaína distribuida para multiplicar su beneficio. Todas las comunicaciones se realizaban mediante sistemas encintados.
La organización finalmente fue disuelta en agosto de 2021, con la detención de 33 personas. El Ministerio Fiscal apreció los delitos de tráfico de drogas, falsedad documental, tenencia ilícita de armas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Los agentes incautaron en un laboratorio de adulteración de cocaína en Getafe (sur de Madrid) 239 kilos de cocaína de gran pureza, 1 kilo de hachís y 24 kilogramos de sustancias adulterantes. Además, encontraron 2 pistolas, 1 revolver y una carabina del calibre 22, 667.000 euros en efectivo, 56 vehículos de alta gama y se bloquearon 36 inmuebles con valor catastral de 11.520.000 euros, 73 vehículos a motor y 154 productos financieros (cuentas bancarias, depósitos, fondos de inversión, etcétera) por valor de 721.000 euros.
Una denuncia dentro de la trama
En la trama se encontraba imputado Borja V., como publicaba entonces Confilegal, que presentó en el marco de la causa una denuncia contra el brigada jefe de Delitos Económicos, que actuó como secretario de la Operación Águila-Frazen, en las supuestas conversaciones que mantuvo con una mujer y que ella aportó después a la instrucción de la Audiencia Nacional.
Una denuncia que el juez instructor de la causa, entonces el magistrado Santiago Pedraz como titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, envió a los juzgados de Plaza de Castilla para seguir los trámites.
La mujer fue identificada como miembro de la organización 'skin'. Según explicó, tuvo como intención sonsacar información a la mujer tras verificar su conexión con esta organización. En ese intercambio se aportó información falsa que después fue utilizada para la denuncia.
Como consecuencia de ello, el teniente jefe de Área de Asuntos Económicos y Tecnológicos de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil concluyó que no se habían colocado balizas de seguimiento a investigados sin autorización judicial, ni se habían falseado actas de seguimiento, ni se había interrogado ilegalmente a un detenido y se le ha grabado en un vehículo policial. El teniente concluyó que todo formaba parte entonces de una estrategia para desacreditar la investigación.
