Japón es un país muy avanzado en muchos sentidos. La gastronomía, la tecnología, los videojuegos, el manga o el anime son algunos de los productos nipones que más presencia tienen en el extranjero. Pero, afortunadamente, hay otras cosas que no exportan, como sus ideas sobre la identidad de género y la libertad sexual.
El pasado mes de enero el Tribunal Supremo de Japón aprobó la Ley 111 en relación a las personas trans. Esta nueva normativa ha estado relacionada con la polémica y las críticas, pues incluso Takakito Usui, un hombre trans de Japón, interpuso una demanda contra ella.
Y no es para menos, pues lo que dictamina esta ley es que cualquier persona que quiera cambiar legalmente su género "no puede tener glándulas reproductivas, o éstas han de haber perdido su función para siempre". En términos simples, una persona trans ha de ser esterilizada.
Es obligatorio haberse operado para cambiarse el género
Pero la cosa no queda ahí, pues la Ley 111 obliga a las personas trans a "poseer un cuerpo que parezca tener partes similares a los órganos genitales del género opuesto". Es decir, que si no estás completamente operado, no podrás cambiar tu género legalmente.
Takakito Usui declaró su total oposición a esta ley y cerró su juicio con una gran proclama: "Lo esencial no debería ser si te has hecho una operación o no, sino cómo quieres vivir como individuo".
Aun así, la Seguridad Social intentó poner su granito de arena con la creación de un programa para ayudar a las personas a pagar estas operaciones de cambio de sexo. Esto es, sin duda, algo positivo de cara al colectivo, la lástima es que se haya tenido que promover por culpa de una ley retrógrada y absurda.
Human Rights Watch carga contra Japón
La ONG Human Rights Watch se ha opuesto rotundamente a esta normativa y lleva desde entonces trabajando en una investigación sobre las personas trans de Japón. Ha entrevistado a 48 personas trans, varios abogados, doctores y académicos del país.
El resultado es claro y denota lo retrógrado que es el Gobierno: "El procedimiento en Japón para cambiar el género legal de un individuo es contraproducente y dañino". Kanae Doi, directora de la ONG en Japón, cree que el país debería "defender los derechos de las personas trans y dejar de obligarlas a someterse a una cirugía para ser legalmente reconocidos".
El informe de Human Rights Watch, además, ha apreciado cierta contradicción entre esta ley "conocida como la Ley de Casos Especiales de Desorden de Género" y "la legislación sobre derechos humanos internacional y las últimas prácticas médicas internacionales".
Y es que, tal y como asegura Kanae, la Ley 111 "está basada en una premisa anticuada que trata la identidad de género como una enfermedad mental y debe ser revisada urgentemente".
El apoyo de Japón al colectivo LGTBI
Desde que Tokio fue elegida sede de los Juegos Olímpicos de 2020, el país parecía que se había puesto las pilas para mostrar una mentalidad más abierta y apoyar la igualdad del colectivo LGTBI. Desde entonces, Japón está prohibiendo que los hoteles discriminaran a las parejas homosexuales y promovieron políticas contra la discriminación del colectivo.
Parece que este hito deportivo es una oportunidad perfecta para que Japón se acerque a unos valores más progresistas. Pero estas medidas, en comparación a la Ley 111, hacen ver que, o el país está gobernado por dos facciones distintas que no se ponen de acuerdo (una más liberal y otra más conservadora) o está apoyando al colectivo por simple fachada mientras por otro lado lo ataca.
