El crecimiento de las multinacionales y su expansión por el mundo, han llevado a muchas empresas a intentar rentabilizar sus ganancias y crecer en el mercado todavía más. Una de esas prácticas es la obsolescencia programada: mientras que antes una camiseta podía durar años ahora, a los meses, se agujerea sola; o cuando una lavadora podía funcionar durante décadas en casa, ahora su vida útil apenas sobrepasa el lustro.
El caso más flagrante es el de los teléfonos móviles. Hasta hace no mucho, un móvil podía durar años y años, en un momento en el que no había actualizaciones de software, la batería duraba días y las pantallas no se quebraban con cualquier impacto. Según Benito Muros, presidente de la Fundación Energía e Innovación Sostenible sin Obsolescencia Programada (Feniss), a día de hoy, todos los fabricantes de móviles se apoyan en la obsolescencia programada. "Cuando el móvil se ralentiza o ciertas apps no funcionan, el usuario ya empieza a pensar que es normal".
Actualmente, la esperanza de vida media de un teléfono se sitúa en dos años hasta que empieza a dar problemas. "Si no existiera la obsolescencia programda, un teléfono móvil tendría una vida útil de 12 a 15 años", explica Muros.
Legislación en Europa
En Italia, la Autoridad de la Competencia y del Mercado (AGCM), impuso hace algunas semanas multas millonarias tanto a Samsung como a Apple, por lanzar actualizaciones que ralentizaban sus productos. Sin embargo, las sanciones de 5 y 10 millones de euros respectivamente, no significan nada para estas compañías multinacionales que acumulan miles de millones de euros en patrimonio.
Por su parte, Francia fue el primer país europeo que introdujo medidas para erradicar este tipo de prácticas, que son imposibles de mantener tanto desde la perspectiva de recursos naturales, desechos, gasto económico para el consumidor y el medioambiente. La Comisión Europea presentó en diciembre de 2015 el 'Plan de Acción para una Economía Circular en Europa', en el que se analizan las etapas del ciclo de vida de los productos, cuyos resultados servirán para elaborar programas de ensayo sobre la obsolescncia programada.
Falta de legislación en España
En nuestro país, el Real decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, incluye en entre las obligaciones de los fabricantes, que sus productos sean diseñados con perspectiva de prolongar su vida útil. Según explica Enrique Martínez Pretel, miembro del Consejo General de Colegios de Ingeniería Informática de España y CEO de la empresa de peritos informáticos Evidentics, la Comisión Europea plantea que para 2020, esta durabilidad sea obligatoria para los fabricantes.
El Ministerio para la Transición Ecológica, ha comunicado a El País, su procupación por el impacto medioambiental de la fabricación y desecho en masa de aparatos electrónicos. El presidente de Feniss asegura que "cada año generamos 30.000 millones de toneladas de basura electrónica". Para 2025 se generarán 53,9 millones de toneladas de desechos procedentes de productos electrónicos, según la Oficina Internacional de Reciclaje. "No podemos seguir consumiendo como lo hacemos porque en 20 años no existirán las materias primas y estaremos ahogados en nuestra propia basura", concluye Muros.
