El caso de María José Carrasco, una mujer enferma de esclerosis múltiple que ha fallecido ayudada por su marido, ha traido nuevamente a debate la regularización de la eutanasia en nuestro país.
A falta de una ley de muerte digna, el marido de Carrasco, Ángel Hernández, se enfrenta a varios años de prisión y un largo proceso judicial como presunto inductor al suicidio y cooperador necesario.
Los apoyos al acto de Hernández, que llegó a grabar el momento con una cámara y los días previos para demostrar la voluntad de su mujer y colocar el foco de atención en la realidad de los enfermos, ha generado una gran ola de solidaridad y reclamaciones para la aprobación de esta norma.
Pero también ha habido un movimiento de rechazo al acto del ahora acusado. En el ámbito político, destacan VOX y el PP (junto a Ciudadanos, que mantiene bloqueada la ley en el Congreso); mientras que en el social destaca especialmente la Iglesia católica, que considera que "la muerte no es la solución".
Dentro de la jerarquía católica, los sectores duros no han dudado en posicionarse contundentemente en contra. El caso más llamativo lo ha protagonizado el obispo de Alcalá de Henares, conocido por alentar terapias para una supuesta 'cura' de la homosexualidad, llegando a asegurar en una misa emitida en La 2 que las personas del colectivo "se corrompen, se prostituyen y van a clubs de hombres nocturnos".
Sin duda, la postura del obispado que dirige no iba a estar exenta de polémica. Para ello, debemos remitirnos a la web de la institución en la que se pronuncia abiertamente sobre la cuestión de la eutanasia y en cuyo escrito no deja ningún resquicio para la duda.
Según la dirección de Reig Pla en un texto titulado 'Cruzar otra línea roja. ¿Una muerte digna', la eutanasia es consecuencia de "una mentalidad marcadamente emotivista" que actualmente se estaría imponiendo por toda la sociedad y que se sustenta en "la cultura de la muerte".
El escrito asegura que las personas que terminan su vida bajo la eutanasia son objeto de una cuestión que se sitúa "en el juego entre la vida y la salvación de las almas" y engloba este asunto junto a otros debates como el aborto: "Nada ni nadie puede autorizar la muerte de un ser humano inocente, ya sea feto o embrión, niño o adulto, anciano, enfermo incurable o agonizante. Nadie además puede pedir este gesto homicida para sí mismo o para otros confiados a su responsabilidad ni puede consentirlo explícita o implícitamente".
Carga contra las familias que llegan a plantear la eutanasia
El obispado de Reig Pla también contempla la situación de los familiares que, como Ángel Hernández, terminan aprobando la eutanasia bajo las peticiones de sus allegados enfermos.
Según esta institución religiosa, "las súplicas de los enfermos muy graves que alguna vez invocan la muerte no deben ser entendidas como expresión de una verdadera voluntad de eutanasia; éstas en efecto son casi siempre peticiones angustiadas de asistencia y afecto. Además de los cuidados médicos, lo que necesita el enfermo es el amor, el calor humano".
Ese sufrimiento, que es el que motiva a los enfermos y familiares a tomar esta iniciativa, no tiene un carácter negativo a ojos de Reig Pla: "El dolor, sobre todo el de los últimos momentos de la vida, asume un significado particular en el plan salvífico de Dios; en efecto, es una participación en la pasión de Cristo y una unión con el sacrificio redentor que Él ha ofrecido en obediencia a la voluntad del Padre".
Lejos de considerar que la eutanasia representa una medida relacionada con la muerte digna, el obispado señala: "Un ser humano no pierde la dignidad por sufrir; lo indigno es basar su dignidad en el hecho de que no sufra".
A juicio de esta organización, la llegada del sufrimiento que provoca la enfermedad es una prueba que habría que encarar: "Enfrentarse al sufrimiento sin Cristo es lo que hace tambalear todos los principios y nos coloca ante la encrucijada de la vida sin más bagaje que nuestros sentimientos y emociones".
Ante ello, el texto se dedica a cargar contra una hipotética ilegalización de la eutanasia con el siguiente argumento: "Que el Estado reconozca el derecho a la eutanasia o al suicidio sería tanto como autorizar a los ciudadanos que así lo quisieran a que libremente pudieran darse en esclavitud y que otros pudieran comprarlos y venderlos. Nadie está legitimado a atentar contra su propia dignidad, pues pertenece a Dios".
Unas palabras que, sin duda, generan ampollas en el actual contexto, pero que se enmarcan en la visión de las jerarquías católicas que ahora vuelven a apoyar las tesis de este sector especialmente conservador de la Iglesia.
