Desde el año 2003, distintos gobiernos españoles han estado intentando sentar la base de un canon digital. Según este canon, habría que pagar más por todos aquellos productos que pudieran reproducir contenido original de artistas, ya fuera música o películas. No por el hecho de poder reproducirlos en sí, sino para evitar que se hagan copias de estos materiales. Es decir, que la intención inicial era que se pagase por todos aquellos dispositivos que podían hacer copias de películas o de discos de música, para así poder subsanar las copias ilegales que de estos se hicieran.
En su momento, las asociaciones de consumidores, así como la propia Asociación de Internautas, se opusieron totalmente a que este canon se aprobara. Lo tacharon de injusto, e incluso de una ilegalidad. Años después, en el 2012, el Tribunal Supremo lo invalidó, puesto que lo consideró "nulo e inaplicable"; además, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tampoco tuvo ninguna duda a la hora de declarar que este canon era, directamente, ilegal.
Por eso sorprende tanto que, catorce años después, volvamos a encontrarnos en el mismo punto. Ahora se busca penar no solo a los dispositivos que puedan hacer copias de películas y música desde su formato físico, sino también todos aquellos que puedan reproducir contenido en streaming y descargarlo. Utilizando servicios como Netflix, Spotify, HBO o Amazon.
La Asociación de Internautas ha sido la primera en dar la noticia, publicando, a su vez, el borrador del que podría ser este nuevo canon digital, de terminar aprobándose. Han publicado un comunicado, donde expresaban su asombro, y es que no es para menos. Si ya hace catorce años esta medida parecía injusta, ahora mismo lo es mucho más. Porque, como ellos mismos declaran, "apenas nadie copia ya contenidos digitales desde soportes materiales, los cuales sufren, además, de una frecuente limitación adicional al llevar sistemas de protección anticopia". Aunque los motivos de ver este nuevo canon algo absurdo van mucho más allá de que nadie copie desde soportes materiales; como bien explican en su web, apenas nadie copia ya en general. Al menos, no como se hacía antes. Porque internet ha cambiado mucho, así como el comportamiento que tienen los internautas en general.
Si bien antes descargarse una película era lo más habitual del mundo (aunque no por ello menos ilegal), ahora lo habitual es tener contratado HBO, Netflix o Amazon, es decir, servicios que te permiten ver películas o series pagando una cuota de suscripción mensual. La cuota suele ser tan baja que el piratear contenido digital cada vez está peor visto. En el ámbito musical sucede exactamente lo mismo, no hay necesidad de descargar música de forma ilegal puesto que se puede acceder al contenido a través de plataformas como Spotify o YouTube. Es más, esto puede hacerse de forma totalmente gratuita simplemente escuchando los anuncios que llevan ambas plataformas.
"La descarga ya no es, en absoluto, un fenómeno masivo sino una actividad marginal tenida por la mayoría de usuarios de la red como un engorro y a la que solo recurren los que buscan contenidos desclasificados o los que, de otro modo, están fuera del tráfico comercial normal y habitual", explican desde la Asociación de Internautas. Las descargas ilegales ahora mismo no se pueden siquiera comparar con las descargas que se llevaban a cabo hace catorce años, cuando no existían servicios de reproducción online de pago.
¿En qué afectaría este canon digital?
De llegar a aprobarse finalmente este canon, se tendría que implementar un impuesto extra en todos aquellos dispositivos que pudiera tener acceso a internet y, por tanto, pudieran acceder a cualquier tipo de soporte de reproducción en streaming. Según el borrador, los deudores serán "los fabricantes en España de equipos, aparatos y soportes materiales de reproducción, en tanto actúen como distribuidores comerciales, así como los adquirientes de los mismos fuera del territorio español para su distribución comercial o utilización dentro de este". Es decir, que se supone que el precio de estos impuestos debería recaer única y exclusivamente sobre los fabricantes de productos.
No obstante, es evidente que esto no será así. En el momento en el que los fabricantes vean que tienen impuestos añadidos que pagar, lo que harán para sufragar estos gastos extra será incrementar el valor de sus productos. Así, el importe del impuesto acabará recayendo sobre los clientes..
Queda por ver si este canon sale al final como una ley, o se queda en un solo intento más. De salir adelante, habrá que ver cómo gestionan los fabricantes este nuevo impuesto, aunque hay algo que está bastante claro: los perjudicados acabaremos siendo nosotros, los consumidores.
