Irene Montero, ministra de Igualdad, ha comparecido este miércoles 24 de febrero ante la Comisión de Igualdad del Congreso para adelantar algunos de los cambios que que su departamento está preparando para la reforma de la Ley del aborto. Entre estas medidas destaca el acceso a este derecho desde los 16 años de forma autónoma o la eliminación de los tres días de reflexión.
La ministra ha asegurado que el deber del Gobierno es "blindar el derecho al aborto en la sanidad pública" y por ello ha anunciado también la creación de una línea telefónica especializada en derechos sexuales y reproductivos donde el objetivo es informar a las mujeres sobre el procedimiento y los derechos que tiene de poder ejercerlo, así como dónde y cómo defenderlos.
Montero ha anunciado sus planes de que todas las adolescentes de entre 16 y 18 años puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo y que lo hagan "de forma autónoma" ya que "del mismo modo que son responsables para trabajar o para tener relaciones sexuales, lo son para decidir sobre sus cuerpos", ha declarado.
Asimismo ha detallado que será la mujer la que elija el método de interrupción y será su centro de salud el obligado de proporcionarle toda la información necesaria para llevar a acabo esta decisión: "Inmediatamente podrá ser derivada a un centro hospitalario para acceder a este derecho, por un procedimiento de urgencia, eliminando también los tres días de reflexión obligatoria que existen a día de hoy", ha afirmado.
Otras medidas
Según ha indicado la ministra, la nueva ley respetará "escrupulosamente" el derecho constitucional a la objeción de conciencia por parte de los médicos, pero haciéndolo "escrupulosamente compatible con el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos". Así, esta nueva ley propone un texto que se referencia de la ya aprobada Ley de Eutanasia y que contempla la existencia de un registro de facultativos objetores.
De la misma forma, asegura que se llevarán a cabo otro tipo de medidas que tienen que ver también con la salud sexual y reproductiva de las mujeres, como una mejora de la atención, un avance en el reconocimiento de permiso maternal preparto y actuaciones para prevenir y conseguir erradicar la violencia ginecobstétrica.
"La salud menstrual pasará a ser un estándar determinante a la hora de valorar el acceso a la salud de las mujeres, y garantizarla será una obligación del Estado y los poderes públicos", ha afirmado Montero, quién también ha anunciado que están trabajando en el hecho de que los productos de primera necesidad para las mujeres "sigan siendo enormemente costosos" o que sean ellas las que siempre asuman la labor de la anticoncepción.
