Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha presentado una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra varios fiscales por una presunta revelación de secretos con respecto al fraude fiscal por el que lleva semanas siendo investigado, según han podido confirmar fuentes fiscales a RTVE.
El principal motivo de la denuncia se encuentra en la nota informativa difundida por el Ministerio Público en la que se confirma que fue el abogado del empresario el que buscó llegar a un acuerdo de conformidad para evitar el juicio y no al revés, como había apuntado anteriormente el gobierno autonómico. La nota se centra precisamente en las conversaciones entre el abogado del novio de Ayuso y el fiscal sobre la investigación en la que está implicado.
Tal y como varias fuentes han informado a Europa Press, la querella se dirige también contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y contra el fiscal de delitos económicos, Julián Salto.
La querella se ha presentado ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJM, al tener los fiscales la condición de aforados. La Sala ya ha abierto una serie de diligencias y se pasará el aviso a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la admisión de la querella.
Ya se han abierto diligencias tras otra denuncia por parte del ICAM
El Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid ha incoado varias diligencias con respecto a la denuncia presentada por el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) contra la Fiscalía por difundir el anterior comunicado.
Eugenio Ribón, decano de los abogados madrileños, fue el encargado de interponer el pasado 20 de marzo una denuncia en los Juzgados de Instrucción contra el Ministerio Fiscal por la nota de prensa difundida recogiendo "información específica de comunicaciones de un letrado en el marco de un proceso de conformidad en curso".
El propio Colegio ha detallado a Europa Press que la denuncia habría recaído ya sobre el citado Juzgado, cuyo titular ha aceptado iniciar unas diligencias previas. Por ello, el Colegio ahora se presenta como una parte presentando una querella en los próximos días contra autor desconocido de los hechos, sin tener en cuenta "planteamientos de competencia objetiva por razono de la persona (eventual aforamiento)".
Los hechos ocurridos el pasado 14 de marzo, según el ICAM "suponen caracteres constitutivos de un delito de revelación de secretos previsto en el artículo 417.2 del Código Penal, que sanciona el quebrantamiento por parte de una autoridad o funcionario público (en el que caso que nos ocupa, del representante del Ministerio Fiscal), del deber de sigilo y discreción que impone el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal".
González Amador declarará el próximo 20 de mayo
La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid está llamada para declarar el próximo 20 de mayo como investigado por la supuesta comisión de dos delitos de fraude tributario y otro delito de falsedad en documento mercantil.
La investigación pone el foco en los presuntos indicios delictivos sobre hechos relativos al Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de los años 2020 y 2021 y un presunto delito de falsedad en documento mercantil tras aportas unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y están aportados para minorar la cuota tributaria a satisfacer.
En el auto de apertura de diligencias, la jueza razonaba que supuestamente y "como consecuencia de las conductas defraudatorias, el contribuyente ha dejado de ingresar a la Hacienda Pública estatal por el Impuesto de Sociedades de 2020 y 2021 con cuotas de 155.000 y 195.951 euros, respectivamente, algo que está completamente penado en el artículo 305.1 del Código Penal.
Fue a raíz de un informe de la Agencia Tributaria que advertía de un presunto fraude fiscal cuando la Fiscalía comenzó a investigar los hechos tras detectar "unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades".
