Alberto González Amador, el empresario que admitió su implicación en dos casos de evasión fiscal por un total de 350.000 euros en sus declaraciones de impuestos corporativos de los años 2020 y 2021, se mostró dispuesto a resarcir el daño mediante el pago de la cantidad defraudada junto con los intereses correspondientes (4,025% durante dos años). Con una suma que superaba los 380.000 euros, esperaba reducir la posible condena (que podría ir de uno a cinco años por cada caso de evasión fiscal) en uno o dos grados, evitando así una sentencia de cárcel.
González Amador es la pareja actual de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien lo ha defendido desde el principio, acusando a las autoridades de "acosar" a un ciudadano particular y a Hacienda de llevar a cabo una inspección excesivamente agresiva.
El jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, reveló a mediados de marzo que González Amador estaba dispuesto a admitir sus delitos cuando se le informó que el fiscal había propuesto negociar un acuerdo de conformidad. Sin embargo, el novio de Ayuso había admitido previamente diversas irregularidades fiscales ante Hacienda.
Los inspectores de la Agencia Tributaria iniciaron una investigación fiscal el 12 de mayo de 2022 tras sospechar de una declaración de impuestos de sociedades del año 2020 que mostraba una cantidad tributable considerablemente menor que la del año anterior, a pesar de unos ingresos seis veces superiores. Entre mayo de 2022 y enero de 2024, González Amador admitió en distintas etapas ante la Agencia Tributaria la falsificación de facturas por un total de 600.000 euros y casi un millón de euros, con la intención de deducir gastos.
Se querella contra la fiscal jefe de Madrid
A pesar de estos antecedentes, el novio de Ayuso presentó el miércoles 3 de abril una denuncia contra la Fiscalía Provincial de Madrid, a la que acusa de revelación de secretos. Esta institución había difundido un comunicado en el que se informaba que González Amador, a través de su abogado, había propuesto un acuerdo para evitar la cárcel, que consistía en "resarcir el daño causado (un fraude de 350.000 euros en dos casos de evasión fiscal del impuesto de sociedades), pagando íntegramente la cuota y los intereses de demora".
El Código Penal establece que este tipo de acuerdos requieren el pago no solo de la cantidad defraudada y los intereses de demora, sino también una multa que puede ser hasta seis veces esa cantidad, lo que significaría que podrían solicitar hasta dos millones de euros a González Amador para aceptar un acuerdo que conlleve una reducción significativa de la pena de prisión.
El abogado del novio de Ayuso explicó en la denuncia que, tras enterarse de que la Agencia Tributaria había remitido el 16 de enero de 2024 a la Fiscalía una "liquidación vinculada a un delito", envió el 2 de febrero un correo electrónico al Ministerio Público, sección de Delitos Económicos, "para facilitar y alcanzar, de acuerdo con la legislación penal, la reparación del daño con un mínimo de 380.000 euros y un máximo de dos millones, y de la manera más rápida posible una solución similar a las transacciones ya alcanzadas en el ámbito tributario, es decir, una conformidad penal".
El abogado explicó que actuó con rapidez debido a las "circunstancias especiales que afectan a Alberto González Amador por su relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso". Además, argumentó que esta relación sentimental está distorsionando las garantías procesales y que, finalmente, llevaron a los hechos que denuncia en la denuncia.
La defensa de la política madrileña
González Amador no niega en la denuncia sus actos ante Hacienda, pero intenta explicar, a través de su abogado, que ofreció admitir los delitos, que ya había confesado previamente ante la inspección fiscal, para evitar que se divulgara la noticia de que el novio de Ayuso había cometido un fraude fiscal, ya que eso habría tenido "un efecto deformador en las garantías procesales". Sin embargo, la información, que fue adelantada por ElDiario cuando la denuncia de la Fiscalía llevaba un mes en los tribunales de plaza de Castilla, se conoció el 12 de marzo, más de un mes después de que González Amador admitiera dos casos de fraude a la Hacienda Pública.
La pareja de Ayuso insiste en su denuncia en que ninguna de sus actividades fiscales ilegales habría salido a la luz si no fuera por su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y acusa a la Fiscalía de haber violado la confidencialidad necesaria en las negociaciones entre ambas partes. En la denuncia, el novio de Ayuso omite mencionar la filtración de un correo electrónico que el fiscal del caso envió al abogado de González Amador y que fue difundido por Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de la presidenta, para luego denunciar algo que resultó ser falso. Ningún superior de la Fiscalía ordenó retirar la oferta de conformidad a González Amador, como afirmó Miguel Ángel Rodríguez.
El equipo judicial de la Agencia Tributaria analizó el informe fiscal de los inspectores y llegó a la conclusión de que la actuación del empresario González Amador no fue simplemente un error, sino que fue una conducta consciente, deliberada y dolosa. Según este análisis, hubo un delito continuado que formaba parte de un plan preconcebido, en el que se utilizaron facturas falsas y se ofrecieron explicaciones que resultaron ser inverosímiles e inaceptables.
