La magistrada del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, ha citado a declarar el próximo 10 de abril a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en calidad de imputado por presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. Esta nueva imputación se suma a las acusaciones previas por fraude fiscal y falsedad documental que ya pesaban sobre el empresario, lo que agrava su situación judicial.
La citación se enmarca dentro de una pieza separada creada el pasado 3 de marzo, tras la petición de la Fiscalía y el respaldo de las acusaciones populares. La investigación se centra en la compra de la empresa Masterman SL, que, según las pesquisas, habría sido adquirida mediante una operación "ilícita y defraudatoria". Esta transacción, valorada en 500.000 euros, fue realizada entre González Amador y la gerencia de una empresa sanitaria, que podría haberse visto perjudicada por las actuaciones del empresario.
Uno de los principales indicios señalados por la magistrada es que Masterman SL no tenía empleados y su actividad era mínima, lo que refuerza la hipótesis de que fue utilizada como sociedad instrumental para reducir la carga fiscal del empresario. La Audiencia Provincial de Madrid avaló la apertura de la pieza separada al considerar que existen pruebas suficientes para sospechar que la operación encubría el pago de comisiones ilegales, lo que justificaría la imputación por corrupción en los negocios.
Un nuevo giro en el proceso
Hasta el momento, González Amador se había negado a declarar en las cinco ocasiones anteriores en las que fue citado por el juzgado. Su estrategia legal dio un giro hace ocho meses, cuando intentó cerrar un acuerdo con la Fiscalía reconociendo los delitos fiscales y abonando la cantidad defraudada para evitar la cárcel. Sin embargo, la presión de las acusaciones populares de PSOE y Más Madrid llevó a la jueza a ampliar la investigación a nuevos delitos, lo que frustró el pacto y agravó la situación judicial del empresario.
La defensa de González Amador recurrió sin éxito la decisión de la jueza de abrir una pieza separada. Con la nueva citación, el empresario se enfrenta ahora a un proceso con mayores implicaciones legales y con la posibilidad real de una condena que le lleve a prisión.
Implicaciones políticas y parlamentarias
El caso también ha llegado al Congreso de los Diputados, donde la mayoría del Gobierno de coalición ha impulsado una iniciativa para que González Amador comparezca en una comisión de investigación. La propuesta, promovida por Sumar, fue calificada esta semana en la Mesa del Congreso tras eliminar referencias a administraciones autonómicas. El PP votó en contra de la medida.
Se prevé que el debate parlamentario sobre la creación de la comisión se produzca en los próximos días, aunque su constitución no será inmediata. Actualmente, la Cámara Baja tiene en marcha otras investigaciones sobre la Operación Cataluña y los atentados del 17A, además de una recién aprobada sobre la gestión de la DANA en la Comunidad Valenciana.
Nuevas citaciones
La investigación también ha puesto el foco en Javier Gómez Fidalgo, economista y asesor de González Amador, quien podría ser citado a declarar. Gómez Fidalgo fue el encargado de gestionar las cuentas del empresario y, según la Fiscalía, su implicación en las maniobras fiscales de su cliente podría ir más allá de una simple prestación de servicios profesionales.
Además, su empresa, Babia Capital, está vinculada al ático que González Amador comparte con la presidenta madrileña en Chamberí, lo que ha generado aún más interés en la relación entre ambos y el entramado financiero del empresario.
