Los siete nietos del dictador Francisco Franco no se han quedado de brazos cruzados y han presentado un escrito ante el Defensor del Pueblo. En él apremian a recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto ley aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez que pone en marcha el proceso de exhumación de los restos del dictador en el Valle de los Caídos.
Este recurso lo presenta Felipe Utrera Molina, el abogado que representa a los siete nietos de Franco: Mariola, Mar, María del Carmen, María Aránzazu, Jaime, Francisco y Cristóbal. En el escrito recalcan que los restos del dictador se exhuman "en contra de la voluntad de sus descendientes". Incluso, acusan al Gobierno de utilizar una forma -decreto ley- que solo se utiliza para casos de "extraordinaria y urgente necesidad".
"No se puede entender en modo alguno que concurra tal presupuesto en el presente caso, al no tratarse de una situación que haya surgido de nuevas y que requiera de una regulación legal inmediata", a lo que añade que, es "una situación perfectamente estable y consentida de forma pacífica durante décadas y que no está afectada por ninguna circunstancia que exija una inmediata actuación", recordando que Franco lleva enterrado más de cuatro décadas en el Valle de los Caídos.
Un polémico decreto ley
"Las excusas -que no causas justificativas- que esgrime el real decreto ley para amparar su dictado no son en absoluto convincentes ni sostenibles, puesto que las resoluciones e informes en que pretende basarse no exigen, por su propia naturaleza, una actuación urgente e inmediata", señalando en el escrito que el real decreto ley aprobado vulnera el artículo 86.1 de la Constitución. Los nietos también aluden a la proposición no de ley aprobada por el Congreso de mayo de 2017 que pedía la exhumación de los restos del dictador, así como al informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas e involuntarias.
Los nietos también acusan al actual Gobierno de extralimitarse en sus funciones porque creen que "aprobar por decreto ley lo que debería ser objeto de tramitación parlamentaria plena, no sólo afecta a los intereses particulares" ya que ellos creen que no solo les afecta a ellos, sino "al interés general de todos los ciudadanos, que tienen derecho a que sus representantes políticos en el Parlamento participen en la elaboración de las normas legales".
