Nicaraguavive unacrisis sin precedentes, que está ocasionando que toda la población salga a la calle a manifestarse. Llevan más de seis meses de protestas públicas por las reformas de la seguridad social, en las que se están vulnerando gravemente los derechos humanos contra los manifestantes según apunta Amnistía Internacional en su informe Sembrando el terror: de la letalidad a la persecución en Nicaragua.
Tal y como declaran desde Amnistía Internacional, "desde principios de junio, el gobierno del presidente Daniel Ortega intensificó su estrategia para la represión en una operación conocida como Operación Limpieza, dirigida contra las personas que protestaban, llevando a cabo detenciones arbitrarias, tortura y el uso generalizado e indiscriminado de fuerza letal por parte de la policía y fuerzas parapoliciales fuertemente armadas".
El informe publicado documenta supuestas violaciones graves de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos por las autoridades nicaragüenses entre el 30 de mayo y el 18 de septiembre.
Las autoridades nicaragüenses deben desmantelar y desarmar inmediatamente a todas las fuerzas parapoliciales y garantizar que la policía sólo use la fuerza cuando sea legítima, proporcional y necesaria durante las manifestaciones, en su caso. En lugar de criminalizar a quienes protestan calificándolos de 'terroristas' y de 'golpistas', el presidente Ortega debe garantizar los derechos de las personas a la reunión pacífica y a la libertad de expresión
Desde Amnistía Internacional señalan que es el presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo quienes han ideado una estrategia para demonizar a los protestantes y así justificar la represión violenta y negar cualquier violación de derechos humanos.
Los informes del 18 de septiembre confirman 2.000 heridos y 322 muertos, la mayoría a manos de agentes. Tan sólo 22 de los fallecidos son agentes. También se detallan seis ejecuciones extrajudiciales, que constituyen un delito de derecho internacional, como el caso de Leyting Chavarría (16 años), que recibió un disparo en el pecho cuando atacaron las barricadas de la ciudad de Jinotega a pesar de que sólo llevaba un tirachinas; o la muerte de Faber López, el agente que presuntamente fue asesinado a manos de la policía aunque se dijo que habían sido unos "terroristas". La familia de López afirma que el cadáver no tenía ningún disparo, sólo aparentes señas de tortura, además de que el agente les dijo que planeaba desertar, y ya les dijo que podría estar en peligro de muerte por ello.
Otra de las violaciones de derechos que se encuentran detalladas son siete casos de detención arbitraria y al menos doce casos de posible tortura, incluida una tortura sexual en un centro de detención oficial. Tal y como afirma Amnistía Internacional, algunas de las víctimas entrevistadas aún tenían marcas de tortura más de un mes después de los hechos.
Las víctimas de esta vulneración de derechos son cada vez más, sin embargo son muchos los manifestantes que están rechazando presentar cargos contra las autoridades por miedo a represalias. Muestra de esto es que el 18 de agosto ya se habían presentado cargos contra al menos 300 personas por participar en las protestas, pero ningún agente procesado por violaciones de derechos humanos.
Además de las manifestaciones, los nicaragüenses también están respondiendo a las reformas del Gobierno intentando migrar a otros países. El 31 de julio ACNUR anunció que casi 8.000 personas de Nicaragua pedían asilo forzosamente en Costa Rica y otras 15.000 estaban a la espera para solicitarlo.
El presidente Ortega equipa con armamento militar a las autoridades
Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, culpa al presidente Ortega de desplegar a la policía para "detener arbitrariamente y torturar a manifestantes", además de usar "grupos parapoliciales fuertemente armados para matar, herir e intimidar a quienes tenían la valentía de luchar contra su estrategia represiva".
Se les ha otorgado armas militares con el fin de disuadir las protestas, destruir barricadas y atemorizar a la población, algo que en ningún caso está permitido para labores de seguridad pública. El informe ha confirmado la presencia de grupos policiales con fusiles tipo AK; fusiles de francotirador Dragunov, Remington M24 y FN SPR; ametralladoras RPK y PKM; e incluso lanzagranadas portátiles PG-7.
A pesar de que algunos de los manifestantes portaban morteros caseros y una minoría llevaban escopetas o fusiles, no está justificada el uso de estas medidas tan letales, ya que su obligación era responder con la mínima fuerza necesaria para restablecer la seguridad pública.
