Garantizar todos los recursos para las víctimas de violencia de género. Esa es la premisa con la que el Gobierno, tras hallar consenso en la oposición, aprobará en los próximos días una medida que garantice que las mujeres que no hayan denunciado los malos tratos de su pareja puedan acceder a los servicios jurídicos, medidas de protección, asesoriamiento o acompañamiento.
Según datos oficiales, el 80% de las mujeres que fueron asesinadas en España en medio de la oleada de violencia machista no habían denunciado en ningún caso a sus agresores. Ni siquiera habían solicitado ningún apoyo o recurso que hubiera podido evitar esta situación.
Por ello, todos los partidos de la subcomisión para un Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el Congreso han aprobado crear un 'título habilitante' que reconozca esta condición hasta que la víctima se encuentre en disposición de denunciar todos los hechos.
Para garantizarlo, el Gobierno tiene la intención de crear un plan conjunto con las comunidades auónomas, en el que se garantice el acompañamiento y asesoramiento a la víctima en todo momento, algo que ahora se reconoce directamente como derecho de la víctima.
Para ello, el Ejecutivo deberá de devolver todas las competencias en esta materia a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, que las perdieron después de la última modificación legislativa en esta materia.
Por último, el borrador también contempla la creación de las denominadas como 'Unidades de apoyo', que estarán operativas en todo momento, con especialización en cada uno de los asuntos a tratar y en las que participarán especialistas de todo tipo. Ellas serán las que determinen los derechos concretos a los que puede acceder cada víctima en función de su situación.
¿Cómo acreditar la condición de víctima de violencia de género?
Hasta el momento, para acceder a todos los servicios reconocidos por el Estado para las víctimas de la lacra de la violencia machista, era fundamental la presentación de una denuncia. Un trámite al que no todas las mujeres llegan por diversos motivos.
A partir de la aprobación de esta ley (que aún se encuentra en debate en el Congreso), la víctima podrá acreditar su condición de las siguientes maneras:
- El atestado policial en el que se recoja la declaración de la víctima ante las autoridades y en el que únicamente se especifique violencia (sin especificar machista).
- Un informe médico o psicológico elaborado por un profesional colegiado.
- Un informe autorizado por los servicios de la Administración (ya sean los servicios sociales, sanitarios, centros de salud mental o equipos de atención integral a las víctimas).
- Los informes de los servicios de acogida de la Administración Pública.
-Sentencias previas que certifiquen que la mujer ha sido objeto de violencia en alguna de las formas que especificará la ley cuando sea aprobada.
- La existencia de una orden de protección o alejamiento vigente en el momento en el que se acude a los servicios multidisciplinares.
Estas son algunas de las vías con las que las mujeres podrán directamente acreditar su condición de víctima de violencia de género y recibir el apoyo necesario en unos momentos tan complicados.
La negociación en el Congreso continua y se espera que se añadan otros aspectos a tener en cuenta para todas las mujeres que necesitan ayuda, pero aún no pueden denunciar a su agresor.
