El 8 de abril de 2011 fue un día muy feliz para Susana Aragón, una mujer que dio a luz en el hospital Miguel Servet a su segunda hija aquel día de primavera. Sin embargo, desde entonces lleva arrastrando un problema físico derivado del parto del que la sanidad pública no quiere hacerse responsable, según ella misma ha denunciado.
"En 2011 di a luz a mi segunda hija, y en el parto venía de lado, lo que me estiró los músculos de la barriga. Así sigo a día de hoy", explica la zaragozana a El Periódico. Y es que su abdomen quedó deformado como si estuviera embarazada de nueve meses y una década después continúa igual.
"Al principio los médicos me decían que era algo normal, pero yo ya había sido madre antes y veía que aquello no lo era", relata. Fue su médica de cabecera la primera en detectar que la distensión del abdomen no se correspondía con una situación postparto habitual. Ella trasladó su caso al centro de especialidades Grande Covián y después al hospital Provincial, comenzando así un periplo que parece no tener fin. "Ahí me dijeron que tenía una distensión que había que tratar", detalla, apuntando que después volvió al Servet, ya en 2013, donde reconocieron el problema. "Me dijeron que me tenía que operar y que entraba en lista de espera quirúrgica, pero que como no era algo grave, podía esperar dos, tres o cuatro años. Ya llevo diez", denuncia.
Es más, fue incluida en lista de espera quirúrgica sin que haya sido atendida pese a los múltiples requerimientos al Servicio Aragonés de Salud y quejas a la Justicia. Pero ante la no solución de su problema reclama 117.000 euros (una cuota diaria de 31,61 euros) a Salud como indemnización, a través de la Asociación Defensor del Paciente y de la mano del abogado Ricardo Agóiz.
El letrado subraya que "es una tortura que se alarga diez años. Con esta patología la paciente no se va a morir, pero el daño físico y psicológico es incalculable", afirma, reclamando que Salud la opere con "urgencia".
Consecuencias económicas
Susana Aragón, a consecuencia de esta situación, ha perdido calidad de vida y afronta incluso dificultades económicas tras tener que cerrar su restaurante y no poder acceder a un puesto de trabajo al tener dificultades para explicar a los empleadores que no está embarazada de nueve meses.
A todo ello, y mientras no hagan caso para resolver este asunto, la demanda sigue su curso e incrementará a razón de 31,61 euros diarios, y se plantean la posibilidad de incluir perjuicios por las secuelas que padezca esta zaragozana.
