La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) no es tan rentable como se pensaba. Según el Ministerio de Sanidad, bajo la dirección de Mónica García, la sanidad pública se encuentra preparada para atender a los funcionarios españoles.
Se ha remarcado que es algo que se lleva haciendo varios años debido a la "selección de riesgos" de la sanidad privada, por la cual se derivan los casos médicos más graves y caros al sistema público.
Se plantea un periodo de nueve meses para realizar el traspaso completo de los funcionarios
Aunque el Ministerio de Sanidad ha declarado desde hace varios años que no está a favor de la sanidad privada, la decisión ha surgido por los problemas surgidos al renovar el concierto del Gobierno con las aseguradoras privadas como Adeslas, DKV y Asisa. El Gobierno busca que en menos de un año se realice el traspaso completo de los funcionarios a la sanidad pública.
Sanidad ha hecho públicos los plazos, aunque el responsable de esta mutualidad es el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, bajo el mando Óscar López (PSOE).
En el informe se recalca que el sistema de MUFACE no es sostenible ni con un aumento de la cápita, debido a que ningún sistema de seguros funciona si no hay un equilibrio entre los usuarios que más hacen uso de los servicios y los usuarios que no lo demandan tanto.
La cantidad de beneficiarios va en la actualidad por 1,52 millones de personas según los datos de Función Pública, aunque no todos ellos se ven obligados a hacer uso de ello, ya que tienen la libertad de elegir entre ambos tipos de sanidad.
El Gobierno destinaría las inversiones establecidas hasta el momento para las aseguradoras privadas a las distintas comunidades autónomas y sus sistemas sanitarios, invirtiendo unos 2.681 millones de euros en el proceso.
Este comunicado no ha sido bien recibido. ya que, la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) ha amenazado con convocar distintas manifestaciones y huelgas tras la publicación del informe, rechazando la que declaran como una "decisión unilateral" desde el Gobierno.
