El Gobierno introdujo el pasado 24 de diciembre la obligación de utilizar mascarillas en la vía pública. En la práctica, la mayor parte de los ciudadanos cumple con la norma pero, sin embargo, los agentes de policía se encuentran con serios problemas para imponer una multa de 100 euros a quienes incumplen la normativa.
Muchas comunidades autónomas reconocen que la viabilidad de la norma es frágil y la gran posibilidad de que decaiga en el Congreso de los Diputados, donde todavía no se ha aprobado, crea una suerte de vacío legal que impide a los agentes realizar su trabajo.
Los policías, de hecho, desisten de imponer la mencionada sanción de 100 euros en la inmensa mayoría de los casos, puesto que con el actual contexto no tiene recorrido. Con ello, los departamentos de Salud Pública apenas reciben notificaciones por esta infracción.
La falta de apoyo en el Congreso de los Diputados (la propuesta obtuvo críticas desde VOX hasta Más País) hace difícil su implementación. De hecho, el Gobierno cuenta con el 24 de enero como fecha máxima para consolidar la normativa y conseguir unos apoyos que parecen complicados.
Ante la decepción de las fuerzas policiales por la falta de herramientas legales para desempeñar su trabajo en este ámbito, la labor se está centrando más en realizar tareas de tipo pedagógico, recomendando a los ciudadanos el uso de mascarilla en exteriores.
La posible maniobra tras el paso por el Congreso
Los policías también cuentan con otra herramienta posible tras el posible rechazo del Real Decreto en el Congreso de los Diputados: realizar las sanciones mediante la ley de seguridad ciudadana. Las pocas multas que se están imponiendo en este sentido se tramitan a través de esta vía, cuando los agentes le piden a un ciudadano que se ponga la pertinente mascarilla y este se niega ante su presencia.
Sin embargo, son casos muy contados, ya que la mayoría de personas responden rápidamente en cuanto son requeridos por los agentes policiales y se ponen la mascarilla, junto con la mencionada labor de pedagogía que se realiza sobre su uso.
Durante los pasados estados de alarma, sí fue más claro la vía de la sanción para aquellos ciudadanos que eran sorprendidos sin una mascarilla en la calle. De hecho, fue la etapa en la que se impusieron más sanciones en este sentido.
Sin embargo, todo se diluyó con el denominado Real Decreto de las sonrisas, como lo denominó la ministra de Sanidad, Carolina Darías, que permitía abandonar el uso de mascarillas en la calle siempre y cuando se respetase la distancia de seguridad.
Carolina Darias deberá pasar por el Congreso antes del próximo 24 de enero, pero todo parece indicar que antes de ello presentará una nueva norma que modifique la actual. El plan del Gobierno es preparar otro decreto con restricciones para suplir al que obliga al uso de la mascarilla en exteriores.
Todavía no hay concretas sobre la mesa, pero el Ministerio de Sanidad confía en que la sexta ola remita en enero y en tres o cuatro semanas regrese la voluntariedad del uso de mascarillas en exteriores. Todo esto sucede mientras se trabaja en un plan para tratar ya la pandemia del coronavirus como una enfermedad estacional, similar a la gripe.
