El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, continuará controlando el gasto semanal de las cuentas catalanas con el fin de evitar el estallido de una nueva crisis similar a la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre.
La formación del nuevo Govern, de corte soberanista, implicará el fin de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Desde La Moncloa mantienen su desconfianza a pesar del cambio de la hoja de ruta que han evidenciado ERC y, con menor entusiasmo, el PDeCAT (columna vertebral de JuntsxCatalunya).
La aplicación del control de gasto será similar a la realizada con otras instituciones como el Ayuntamiento de Madrid: en este caso se evitará destinar cualquier partida de dinero para actos contrarios a la legislación. La Generalitat deberá enviar un informe semanal y detallado de los gastos y tendrá que contar con la aprobación expresa de Moncloa.
El Gobierno sospecha que desde la Generalitat se destinaron fondos del FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) para la celebración de la consulta. El FLA es una hucha común destinada a la financiación de las autonomías con dificultades (un fondo de rescate), con intereses ventajosos, para garantizar el cumplimiento de derechos básicos como el acceso a una sanidad y educación públicas y gratuitas.
Además, la juez que instruye la trama del referéndum ilegal también ha tenido constancia de la financiación por parte del Govern a las entidades independentistas. Según un informe de la Guardia Civil, tanto Òmnium como ANC conformaron una "maquinaria para sembrar el odio" y defender los intereses del Ejecutivo Autonómico.
Dependencia del resto de España
La Moncloa se ha comprometido a garantizar la independencia del Govern tras la formación de un nuevo Ejecutivo, por lo que el artículo 155 de la Carta Magna será desactivado de inmediato.
La Generalitat se verá obligada, a partir de ahora, a mandar un detalle de los gastos semanales, tal y como había hecho previamente por su permanencia en el FLA que garantizaba el rescate de sus cuentas.
Sin embargo, el Gobierno central sabe que la economía catalana se ha visto seriamente dañada por la fuga de empresas y la inseguridad jurídica que ha provocado el procés. Todo ello, implicará una mayor dependencia de Madrid para conseguir atraer nuevos inversores y permitir que la región recupere la atracción con la que anteriormente contaba.
Mientras tanto, Moncloa teme que el soberanismo continúe con la construcción de "nuevas estructuras de Estado", aunque esta vía parece poco probable, a cuenta de la complicada situación judicial de los políticos presos y de gran parte de la antiguo Ejecutivo autonómico.
