El Gobierno del Partido Popular comienza su particular guerra contra el Ayuntamiento de Madrid, liderado por Manuela Carmena. El Ministerio de Haciendo, dirigido por Cristóbal Montoro, ha enviado al consistorio madrileño, según informa El País, una carta en la que explica que asumirá el control semanal de sus cuentas públicas.
Según alega el ministerio, el equipo de Carmena "no ha reconducido su senda de gasto, comprometiendo de forma reiterada el cumplimiento de la regla de gasto". Este control del Ayuntamiento de Madrid por parte de Hacienda se ejercerá directamente en comunicación con la interventora del gobierno municipal de Ahora Madrid, aunque no se prevén contactos entre los técnicos ministeriales y el concejal de Economía del Ayuntamiento, Carlos Sánchez Mato.
La guerra entre el Ayuntamiento de Madrid y el Ministero de Hacienda se remonta al primer año de gobierno de la alcaldesa, en 2015, cuando su equipo incumplió el techo de gasto fijado por la Ley de Estabilidad. Al año siguiente, en 2016, el consistorio volvió a superar el tope, y entonces Montoro respondió con una sanción de 17 millones por el desvío de gasto. Para ello, Montoro se apoyó Ley de Estabilidad Presupuestaria, que obliga a los ayuntamientos a destinar todo el superávit a amortizar deuda, algo a lo que no estaba dispuesto el equipo de Manuela Carmena (Ahora Madrid).
A comienzos de noviembre de 2017, por tercera vez consecutiva, el ministerio dirigido por Cristóbal Montoro rechazó el Plan Económico Financiero (PEF) mediante un correo informal. Hacienda se negaba a tanto gasto social por parte del Ayuntamiento madrileño amparándose en la Ley de Estabilidad que entró en vigor tras la firma del pacto fiscal europeo de 2012. Esta ley pretende equilibrar el desembolso de las corporaciones locales al ritmo estimado de la economía española.
Enfrentamiento político
Desde el Ayuntamiento no comprenden por qué Hacienda interpreta la ley a su manera y de la forma más dura. Carmena ha reducido la deuda desde que aterrizó en la ciudad de Madrid en 2.000 millones de euros. Además, en 2016 cerró las cuentas con un superávit de 1.000 millones. A diferencia de la Administración central, el consistorio madrileño sí está haciendo sus deberes, cumple con las reglas de gasto e invierte el dinero que le sobra en asfaltar carreteras o reparar los daños de edificios municipales como guarderías o centros para mayores, entre otras muchas cosas que está poniendo en marcha Carmena.
El Ayuntamiento de Madrid no es el único que solicita al Ministerio que realice una interpretación más blanda de la norma del techo de gasto puesto que son varios los que están cumpliendo con el pago de la deuda y están teniendo superávit.
No es la única batalla que mantiene el Ayuntamiento con Hacienda. Desde hace un año se encuentran luchando en los juzgados debido a que el ministerio le exigió que paralizara 577 obras, muchas de ellas ya en marcha o finalizadas. La norma de Montoro establece que el superávit se puede destinar a financiar obras "sostenibles", algo que Carmena cree que se ajusta a sus inversiones de mejora de las calles y edificios de Madrid.
Según un miembro de la corporación local, existe una intención clara de "acabar con toda la política pública de infraestructuras del Ayuntamiento" para perjudicar políticamente a Carmena debido a la percepción positiva que tiene la ciudadanía de ella. Asimismo, asegura que de cara a las próximas elecciones municipales de 2019 les situaría en una "situación complicada" ya que sería difícil de explicar por qué el consistorio tiene un superávit de 1.000 millones de euros y paraliza las inversiones en infraestructuras y mejoras de las calles y edificios que está llevando a cabo Ahora Madrid.
Con las previsiones del Consistorio, se espera que la deuda quede a final del mandato en una cantidad de 2.000 millones, lo que no evitaría que la ciudad continuara liderando el déficit, pero mejoraría las previsiones diseñadas en la hoja de ruta de la exalcaldesa Ana Botella cuando abandonó el gobierno. Con estos datos, la regidora conseguirá reducir el montante en un 67% en tan sólo cuatro años, un total de 1.834 euros, regresando a los niveles de 2004, en los inicios de la etapa de Alberto Ruiz Gallardón.
